Además aplicará el IPC como índice de revalorización tras la entrada en vigor de la nueva ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y creará una comisión interadministrativa para la gestión del Ingreso Mínimo Vital
El Consejo de Ministros ha aprobado la revalorización de las pensiones para el año 2022, que supone la subida del 2,5% para las contributivas y de las Clases Pasivas del Estado y el incremento del 3% de las pensiones mínimas y de las no contributivas, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital.
Asimismo, se ha aprobado una paga compensatoria por la desviación de inflación que se produjo el año pasado.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que el Gobierno destina a esta revalorización 6.500 millones de euros y que se beneficiarán, con efectos desde el 1 de enero, 11,5 millones de pensionistas, «que podrán mantener su poder adquisitivo».
Escrivá ha destacado que este aumento de las pensiones se ha hecho por primera vez de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones y de otras Medidas de Refuerzo de la Sostenibilidad Financiera y Social del Sistema Público de Pensiones, que entró en vigor el 1 de enero y que recupera el Índice de Precios al Consumo anual (IPC) como índice de revalorización.
En concreto, el 2,5% del incremento aprobado para 2022 se corresponde con la inflación promedio de los últimos doce meses hasta noviembre de 2021. Por su parte, la paga compensatoria se ha aprobado porque la inflación, entre enero y noviembre de 2021, superó la proyección con la que se revalorizaron las pensiones en ese año (se proyectó un 0,9% y la inflación fue del 2,5%).
Nuevo marco de certidumbre para los pensionistas
El ministro ha afirmado que el nuevo marco sobre las pensiones ofrece certidumbre absoluta a los pensionistas y garantiza su poder adquisitivo «indefinidamente y en todo momento» frente al sistema anterior «que ponía el énfasis en los recortes y en la austeridad».
Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que esta reforma ha permitido «pasar de un sistema impuesto a un sistema de pensiones acordado en el campo del diálogo social y del acuerdo del Pacto de Toledo».
Escrivá ha recordado que, de las 21 recomendaciones que formuló el Pacto de Toledo a finales del año 2020, y que se incluyeron en su mayoría entre las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno ha cumplido ya 13 y que el resto están en curso.
Reducción del déficit en la Seguridad Social
El ministro ha afirmado que se está avanzando hacia el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social. La estimación de cierre del déficit de la Seguridad Social en el año 2021 es del 1%, dos décimas menos de la previsión inicial, lo que permite situar el objetivo de déficit para 2022 en el 0,5%.
La causa principal de esta reducción ha sido el reforzamiento de los ingresos de la Seguridad Social.
En 2021, los correspondientes a cotizaciones sociales han supuesto 132.000 millones de recaudación, un 10% más que en el año 2020 y un 6% más que antes de la pandemia, debido a la buena evolución del empleo -hay 400.000 afiliados más- y al sostenimiento de los salarios.
«Si lo medimos en términos del PIB, en términos relativos, estamos en un récord absoluto, es el 11% del PIB de ingresos por cotizaciones sociales», ha continuado el ministro, que ha comparado esta cifra con 2008: «En el mejor año antes de la crisis financiera era un punto y medio menos».
El segundo mecanismo que contribuye a la eliminación del déficit, ha señalado Escrivá, es que los Presupuestos Generales del Estado están absorbiendo la mayor parte de los denominados gastos impropios -gastos de políticas públicas no contributivas que hasta ahora financiaba la Seguridad Social-, concretamente 13.800 millones en 2021 y 18.300 millones en 2022.
Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital
El Ejecutivo ha regulado la organización y las funciones de la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un órgano de cooperación administrativa y de gobernanza que se encargará de seguir la aplicación y desarrollo de esta prestación.
La Comisión se adscribe al Ministerio de Inclusión e incluye a representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios.
El objetivo, ha dicho José Luis Escrivá, es trabajar conjuntamente y «conseguir que los beneficiarios del IMV, que son las personas más vulnerables y en una situación de exclusión social, puedan entrar en itinerarios de integración sociolaboral y trascender a una situación mejor en la sociedad», ha dicho.
Ayuda a la solvencia empresarial
El Gobierno ha autorizado una nueva operación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dirigida en esta ocasión al grupo de hoteles, restaurantes y cafeterías Abades, por 29,3 millones de euros. Se trata de un préstamo participativo de 22,8 millones y de otro ordinario de 6,5 millones.
Isabel Rodríguez ha explicado que el grupo cuenta con una importante cadena de servicios en las redes de carreteras de Andalucía y otros puntos de España. Su impacto económico es relevante, en especial en Andalucía, ya que cuenta con más de 1.000 empleos directos y factura cerca de 100 millones de euros al año. Más de 7.000 personas dependen del grupo si se incluyen los hogares y los empleos indirectos.
Comisión Nacional para Expo Málaga 2027
El Consejo de Ministros ha acordado crear una Comisión Nacional, presidida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de apoyo a la candidatura de la ciudad de Málaga como sede, en 2027, de la Exposición Internacional sobre la Era Urbana hacia un Desarrollo Sostenible.
Rodríguez ha señalado que el Gobierno comparte sus objetivos en el marco de su compromiso con el desarrollo sostenible y la Agenda 2030.
Fuente: Moncloa
