La adaptación del lenguaje judicial es un desafío y una obligación ineludible del sistema de justicia
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha emitido dos sentencias el 10 de mayo de 2023, en las cuales establece por primera vez que el texto de las mismas deba adaptarse al formato de lectura fácil, para que las personas con discapacidad intelectual involucradas en los casos pudieran comprenderlo.
En una de las sentencias, tanto la víctima como uno de los acusados, cuyo recurso fue desestimado, tienen discapacidad intelectual. En el segundo caso, la supuesta víctima, cuyo recurso contra la sentencia absolutoria fue desestimado, también presenta discapacidad intelectual.
La Sala ha considerado que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, así como los artículos 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 19 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación, exigen realizar ajustes razonables en el procedimiento para garantizar los derechos de participación e información de las personas con discapacidad.
Entre estos ajustes, destaca la importancia de asegurar que puedan comprender mejor las razones de las decisiones que afectan directamente sus intereses y derechos.
La adaptación del lenguaje judicial a un registro semántico y expresivo comprensible para las personas con dificultades cognitivas o intelectuales es un desafío y una obligación ineludible del sistema de justicia.
