Los jueces consideran que las directivas de la Unión Europea ofrecen la vía más viable para contrarrestar la Ley de Amnistía desde el punto de vista jurídico
Según ha podido conocer esta redacción, jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional están actualmente explorando posibles resquicios legales en la Ley de Amnistía para evitar su aplicación in extremis. En este contexto, se están analizando detenidamente las leyes europeas como parte de la estrategia. Los magistrados del Tribunal Supremo se basan en un precedente relacionado con el delito de malversación, mediante el cual lograron eludir la última reforma del gobierno pactada con los independentistas, y consiguieron procesar a líderes independentistas por dicho delito.
Por otro lado, la Audiencia Nacional tiene la intención de cuestionar la Ley de Amnistía, amparándose en el derecho comunitario para continuar enjuiciando casos como el del Tsunami, en el que los líderes del procés enfrentan acusaciones de terrorismo. A pesar de la propuesta de amnistiar a condenados y procesados por corrupción, así como a posibles terroristas involucrados en la alteración del orden constitucional en España, los magistrados del Tribunal Supremo persisten en encontrar grietas en la norma actualmente en proceso parlamentario.
En este sentido, la estrategia pasaría por utilizar los fundamentos empleados tras la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación en el Código Penal. En esa ocasión, lograron adaptar el caso del procés sin renunciar a enjuiciar a figuras como el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y los exconsejeros catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí por malversación. La Sala rechazó la aplicación del subtipo atenuado de malversación a estos políticos y confirmó las condenas, esquivando así la reforma pactada por Pedro Sánchez con los independentistas.
Igualmente, en este contexto, el Tribunal Supremo está explorando diversas estrategias para frenar la Ley de Amnistía, considerando inicialmente la posibilidad de elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante la Corte de Garantías, y ahora, además, sopesando la opción de recurrir al derecho comunitario. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha expresado sus reservas sobre la amnistía de delitos de malversación, agregando un nuevo elemento a la discusión.
La Audiencia Nacional está examinando la legislación comunitaria para evitar cerrar casos de terrorismo
La Audiencia Nacional está focalizando sus esfuerzos en intentar bloquear la amnistía, respaldandose en las directivas europeas. Así pues, se está considerando la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en casos de terrorismo, como el relacionado con el Tsunami. Como sabemos, la Ley abarca los delitos cometidos desde el 1 de enero de 2012 e implica la eliminación de los delitos de terrorismo, a menos que ya exista una sentencia firme, situación que no se da actualmente.
Un ejemplo reciente es el envío a juicio por parte del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo en noviembre. Además, Carles Puigdemont y Marta Rovira fueron imputados también por terrorismo en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic.
Se va a solicitar a los juzgados de El Prat de Llobregat información sobre un turista que murió durante los disturbios en el aeropuerto
Los jueces de la Audiencia Nacional están examinando la legislación comunitaria para evitar cerrar casos que han estado bajo investigación durante años en los tribunales españoles. Un ejemplo de esto es la Directiva de la Unión Europea 2017/541, que prohíbe amnistiar a terroristas. La Ley de Amnistía contempla el olvido de conductas terroristas si no hay una sentencia firme, incluso en casos de atentados contra la integridad física de una persona o el apoderamiento ilícito de medios de transporte. Estos hechos podrían atribuirse a movimientos violentos como los CDR, que llegaron a armarse con explosivos, o a acciones específicas del Tsunami, como el asedio al aeropuerto de El Prat.
La directiva europea también establece que son terroristas los atentados que puedan tener resultado de muerte. Y en este punto se están centrando las investigaciones de la Audiencia Nacional. Según fuentes judiciales, se va a solicitar a los juzgados de El Prat de Llobregat información sobre el turista francés de 65 años que murió durante los disturbios en el aeropuerto. Falleció a causa de un infarto después de caminar cuatro kilómetros para llegar al aeropuerto ante el bloqueo provocado por los manifestantes vinculados a la plataforma independentista de Tsunami.
Al respecto, hay que tener en cuenta que la directiva europea va más allá al definir como actos terroristas aquellos movimientos que buscan desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país u organización internacional. De acuerdo con el informe del Servicio de Información de la Guardia Civil, divulgado por este medio, la plataforma independentista Tsunami Democràtic operaba efectivamente como un grupo organizado con el propósito de causar daño al Estado español.
Después de recibir este informe, el juez Manuel García-Castellón imputó a los líderes del procés por terrorismo, y se anticipa que el caso llegará a instancias judiciales europeas, donde se espera que el derecho comunitario tenga la última palabra. En cualquier caso, se estima que la amnistía no será aprobada antes de febrero como muy pronto, por lo que los procedimientos en curso seguirán su curso.
Formalmente la Amnistía es inconstitucional
En base al art. 62, nuestra Constitución prohíbe expresamente los indultos generales y, por ende, también la amnistía, a pesar de las interpretaciones torticeras a las que estamos asistiendo. Que la amnistía sea constitucional en otros estados democráticos no nos vincula, ni representa ningún impedimento para que en España se sitúe fuera de nuestro Ordenamiento Jurídico. No constituye un elemento esencial de un Estado de Derecho; de hecho, es simplemente un vestigio del poder absoluto en el Estado constitucional. Ni en Europa ni en otros países democráticos existen regímenes constitucionales idénticos ni derechos de gracia similares.
La verdadera finalidad de la amnistía, como medida de gracia que implica el olvido del delito, suele surgir en situaciones excepcionales, como guerras o cambios políticos tan significativos que se considera justo o conveniente perdonar u olvidar ciertos delitos en aras de los intereses generales.
Sin embargo, esto no es aplicable a nuestro caso, ya que la amnistía, según acaba de afirmar el candidato, «es la única vía para que haya un Gobierno» o, de manera más explícita, «una condición para que pueda haber un Gobierno». Por lo tanto, esta finalidad contamina la amnistía de manera flagrante.
