Óscar López lo prometió el 16 de abril, en el AMETIC AI Summit, y lo prometió en primera persona del plural. «A partir de octubre, todos podremos identificar si es comercial».
Ya es octubre. El Ministerio para la Transformación Digital ha enviado una nota titulada, sin un solo matiz, «A partir de mañana las llamadas comerciales solo podrán realizarse desde un número con el prefijo 400». En abril, la Moncloa ya había escrito que «todas las llamadas comerciales deben realizarse» desde esa numeración. Todas. Es una frase estupenda, de las que caben enteras en un rótulo de telediario. Tiene un único defecto, y es el BOE.
La norma que manda es la Resolución de 14 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, publicada en el BOE núm. 93 dos días después. Su apartado primero.2 dice quién está obligado, y no dice «todos». Dice que «las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación» de la Ley 10/2025, de servicios de atención a la clientela, «no podrán utilizar ningún otro rango de numeración distinto del rango NXY = 400 para la realización de llamadas comerciales». Las empresas comprendidas. Ahí cabe el artículo entero.
Quién está comprendido lo dice el artículo 2 de la Ley 10/2025. Dentro están siempre las que prestan servicios básicos (agua, luz, gas, transporte de viajeros, correos, telecomunicaciones y servicios financieros). Del resto, solo las que, solas o con su grupo, tuvieran en el ejercicio anterior al menos 250 trabajadores, más de 50 millones de facturación o un balance de más de 43 millones. Fuera queda el instalador de placas solares con sesenta empleados. Fuera queda la empresa de reformas, la academia de idiomas, el vendedor de alarmas de barrio. Fuera queda, en suma, casi todo el tejido empresarial de un país de pymes. Y aún rasca más, porque la disposición transitoria única, apartado 4, libera del código específico a las comercializadoras de luz, gas y telefonía que no lleguen al 5 % del mercado nacional y no sean grandes empresas. La operadora pequeñita que le llama para ofrecerle una tarifa de móvil «más barata que la suya» puede seguir haciéndolo desde un número cualquiera. Con la bendición del legislador.
El Gobierno no se ha inventado la frase. El apartado sexto de la resolución dice que, cumplido el plazo de seis meses, «las llamadas comerciales sólo podrán efectuarse a través del rango NXY = 400». Suena universal. No lo es, o no puede serlo. La resolución se dicta, lo dice ella misma, «en cumplimiento» del artículo 16.3 de la Ley 10/2025, y una resolución de un secretario de Estado no ensancha el ámbito de una ley porque se le escape un plural en el último apartado (la jerarquía normativa del artículo 9.3 de la Constitución no se suspende para las buenas causas). Y el artículo 23 de la ley sanciona «el incumplimiento por las empresas de las disposiciones de esta ley». Quien no está dentro de la ley no puede incumplirla.
Ahora viene lo bonito. Desde mañana, la operadora de bandera, la aerolínea y la gran cadena de electrodomésticos llamarán con un 400 en la pantalla, como un cartel al cuello. Los demás seguirán llamando desde un número que se parece al de su dentista. El prefijo retrata al que cumple. Al que no cumple lo deja donde estaba, y encima le hace un regalo, porque un número corriente transmite ahora una confianza que antes no tenía (si fuera comercial, pensará usted, vendría con el 400). El que ya le llamaba pasándose por alto el artículo 66.1.b) de la Ley General de Telecomunicaciones, que le reconoce el derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas, ¿por qué iba a contratar ahora un número que lo delata? El estafador no contrata numeración 400. NADIE que viva de que usted descuelgue va a ponerse voluntariamente la etiqueta que le invita a no hacerlo.
Está, además, el botón de silencio. El apartado tercero.5 de la resolución prevé que los operadores «podrán ofrecer» a sus clientes, previa solicitud, la desconexión de las llamadas del rango 400. Podrán. No deberán. Y lo que se desconecta es justo el tráfico que cumple, el de quien llama con su consentimiento o con otra de las bases de legitimación del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos, que el propio 66.1.b) admite. El usuario que pulse ese botón silenciará a los que llaman con permiso y seguirá recibiendo a los que llaman sin él. Un mecanismo admirable. Castiga la buena educación.
La promesa grande era el bloqueo, y es la que más ha encogido. El artículo 16.4 de la Ley 10/2025 obliga al operador a bloquear las llamadas con «indicios» de ser comerciales sin el código específico, pero los sistemas que detectan esos indicios solo pueden usarse con «autorización expresa mediante resolución motivada» de la Secretaría de Estado. En abril, la Moncloa anunciaba que los operadores «deberán bloquear» las llamadas comerciales que no salgan de un 400. Hoy, el subtítulo de la nota del Ministerio dice que «podrán bloquear». Seis meses para cambiar un verbo. El documento oficial de preguntas y respuestas habla de patrones de tráfico, «como, por ejemplo, datos sobre el volumen de llamadas», y de «otros criterios autorizados» por la Secretaría de Estado. Cuáles, y desde cuándo, no lo dice.
Queda el castigo. La ley no tiene régimen sancionador propio. Su artículo 23 remite al general de consumo y a la normativa autonómica. La OCU advirtió ayer de que «será insuficiente si no se acompaña de mayores exigencias de transparencia, controles efectivos y un régimen sancionador disuasorio», y pidió un registro público para saber qué empresa hay detrás de cada 400.
El 400 es una buena etiqueta. Pero las etiquetas solo se las ponen los que no tienen nada que esconder. Mañana sonará el primer 400 y usted sabrá exactamente quién le llama.
Del que le llame desde un número cualquiera sabrá lo mismo que ayer.
