Hacienda ha llevado a cabo un análisis masivo para determinar la residencia real de un gran grupo de contribuyentes registrados como no residentes en España
La Agencia Tributaria está limitando aún más la privacidad del ciudadano bajo el pretexto de la tasa Google. Hacienda utiliza Big Data y Geolocalización para controlar al ciudadano, monitoreando la ubicación de los teléfonos móviles de los contribuyentes en una intensificación sin precedentes de la vigilancia.
Todo empezó bajo el pretexto de cobrar impuestos a las grandes empresas tecnológicas
En principio, hacienda empezó a utilizar la geolocalización de los móviles en España para recaudar impuestos de las grandes empresas de tecnología, con el objetivo de devolver parte de los ingresos generados a su país de origen. En particular, este impuesto equivale al 3% de los ingresos obtenidos. La tasa se aplica a todas las empresas que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y tengan ingresos en España relacionados con los servicios afectados por la tasa superior a 3 millones de euros.
La Agencia Tributaria se apoya en la Ley del Impuesto sobre Servicios Digitales Determinados. Con esta excusa, ya en la campaña de la renta del pasado año, se ha geolocalizado la ubicación de miles de contribuyentes. Supuestamente, el objetivo es aplicar las conocidas como «tasa Google» y «tasa Tobin», un impuesto a las multinacionales tecnológicas basado en los servicios que ofrecen en España.
¿Es legal que hacienda controle la geolocalización del contribuyente?
Si, como hemos mencionado la acción se encuentra respaldada por la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, también conocida como «tasa Google», que entró en vigor en 2021. Esta ley establece una tributación del 3% sobre los ingresos obtenidos por grandes compañías tecnológicas por medio de la publicidad en línea, intermediación en línea y transmisión de datos.
Vigilancia a través de Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, GPS, Galileo
Hay varios métodos para determinar si un teléfono móvil se encuentra en territorio español, incluyendo Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, GPS y Galileo. Las empresas que brindan servicios digitales sujetos al IDSD (Impuesto sobre Servicios Digitales) determinan a través de la dirección IP del móvil si deben pagar este impuesto y la Agencia Tributaria verifica la geolocalización del dispositivo para asegurarse de que están cumpliendo con la ley. La estimación es que durante el primer año, la Agencia Tributaria controló 216 plataformas digitales por un valor de 8000 millones de euros.
Artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre Servicios Digitales Determinados
En este artículo, se establece que la ubicación de un dispositivo se determinará por su dirección IP, a menos que se pueda probar otro lugar mediante otras formas admisibles de prueba, como la geolocalización. La Agencia Tributaria puede verificar la ubicación de un dispositivo para luchar contra el fraude fiscal. El artículo 1 también señala que el lugar de ubicación será determinado por los detalles de la dirección de la tecnología de geolocalización utilizada y menciona algunos de los medios de prueba que se pueden utilizar para probar una ubicación diferente a la que indica la dirección IP.
Control de la residencia fiscal para evitar el fraude
La Agencia Tributaria utiliza la geolocalización para identificar la residencia fiscal en España. A través del monitoreo de la ubicación de los dispositivos móviles de los contribuyentes, pueden determinar si esas personas están residiendo y realizando actividades económicas en España, lo que las somete a la tributación española. La geolocalización del móvil, la vigilancia de las redes sociales, los movimientos de las tarjetas, las facturas abonadas, o los suministros de la vivienda son algunos de los datos que la AEAT está utilizando para llevar a cabo el control sobre la residencia fiscal de los contribuyentes.
Así pues, la utilización de nuevas herramientas de análisis masivo y automático de datos permite a la Agencia Tributaria llevar a cabo expedientes de forma habitual y con mayor precisión.
Big Data para vigilar a particulares, autonomos y pymes
Aunque se tiende a pensar que hacienda reserva el uso de esta tecnología para la vigilancia de grandes empresas o patrimonios, no es así. La Agencia Tributaria también se vale de la tecnología Big Data para controlar tanto a autónomos como a pequeñas y medianas empresas.
No hay que olvidar que tiene acceso a información de todas las facturas emitidas y recibidas por trabajadores y empresas cada cuatro días. Con la ayuda del Big Data, Hacienda puede procesar esta gran cantidad de información y detectar cualquier irregularidad, para luego contrastar los datos con los movimientos de las cuentas bancarias.
Además, los bancos deben reportar las transacciones superiores a ciertas cantidades de dinero. Hacienda también tiene la autoridad para investigar los movimientos bancarios si existen sospechas de evasión fiscal. Los tipos de información que los bancos están obligados a proporcionar incluyen: operaciones de más de 10,000 euros, transacciones de más de 3,000 euros realizadas en efectivo, préstamos y créditos de más de 6,000 euros, y transacciones realizadas con billetes de 500 euros.
Se pone el foco en aquellos que fijan su residencia en el extranjero cuando en realidad residen en España
La Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude seguirá supervisando las grandes fortuna, pero también ha establecido una nueva línea de control basada en herramientas de Big Data para identificar a contribuyentes con patrimonios significativos que hayan «deslocalizado» su residencia. Esto se hace para determinar si en realidad viven en España o han fingido mudarse al extranjero.
Durante el último año, se ha llevado a cabo un análisis sistemático de la residencia de un gran grupo de contribuyentes registrados como no residentes en las bases de datos tributarias. Este análisis ha proporcionado los indicios necesarios para determinar la residencia real de algunos de estos patrimonios relevantes en España, lo que permitirá intensificar las acciones de control contra aquellos que hayan «deslocalizado» su residencia a partir de este año 2021.
