La arbitrariedad de la AEAT se traduce en injusticia, que desanima la confianza y el compromiso fiscal de los ciudadanos
En la actualidad, están adquiriendo cada vez más importancia y valoración, los derechos y garantías constitucionales que protegen a los ciudadanos frente a la Hacienda Pública. No hay duda -y esto se percibe en el dia a dia de cualquier bufete especializado en procedimientos tributarios- que se ha extendido entre los contribuyentes una actitud de desconfianza, precaución e incluso hostilidad hacia la AEAT, lo cual refleja la sensibilidad social en torno a este tema, y el consiguiente incremento de la litigiosidad tributaria.
En diversos medios de comunicación se ha difundido una preocupación justificada acerca de algunas actuaciones de la Hacienda Pública, que parecen alejarse de las conductas tributarias que se esperan de un Estado Social y Democrático de Derecho, tal como se establece en la Constitución Española.
La Agencia Tributaria debe aplicar las normas de forma previsible y clara
Diversos medios de comunicación han enfocado sus noticias y comentarios en los abusos de poder por parte de la Hacienda Pública contra los ciudadanos más vulnerables, pero no se debe olvidar que la legitimidad de la autoridad fiscal es fundamental para la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho en España. El Gobierno legítimo, no el partido del Gobierno, está obligado a ejercer la autoridad fiscal dentro del marco y con el debido respeto a los principios constitucionales. Tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, mientras que los jueces y magistrados del Poder Judicial sólo están sujetos a la ley.
Es importante que el comportamiento de la Administración pública y de los órganos que integran el poder judicial, al aplicar e interpretar las normas, incluyendo las tributarias, sea previsible y claro, ya que esto es esencial en un Estado Social y Democrático de Derecho. En este sentido, el alcance de las normas tributarias ha sido aclarado y precisado por el Tribunal Supremo.
Las actuaciones de la AEAT deben ser equitativas, flexibles y transparentes
Un buen sistema tributario debe ser equitativo, flexible, sencillo, transparente y, sobre todo, eficiente en la lucha contra el fraude y la economía sumergida.
Si la lucha contra el fraude no es efectiva, todo lo demás se convierte en una injusticia que desanima la confianza y el compromiso fiscal de los ciudadanos, incluso aunque estén concienciados en sus responsabilidades fiscales. Por tanto, es importante que la Agencia Tributaria avance con cautela en la implementación de nuevos mecanismos para combatir el fraude, y que los responsables tributarios actúen con firmeza y rigor para evitar posibles arbitrariedades.
La falta de eficacia se manifiesta en el volumen de asuntos y reclamaciones tributarias pendientes de resolución, la escasez de recursos humanos y posiblemente, en la falta de una buena organización técnico-profesional interna. El excesivo volumen de asuntos pendientes se debe a la falta de decisión, resolución y acuerdos oficiales sobre la cuestión concreta en la vía administrativa. Esta indecisión a menudo se debe al temor a los efectos a corto plazo en la recaudación estadística, debido a la falta de una solución técnica a los asuntos pendientes de resolución.
Excesiva burocracia y falta de actuaciones eficaces de comprobación e investigación
Existe una patente falta de recursos humanos en la Agencia Tributaria, que se ve agravada por las jubilaciones próximas y sucesivas de funcionarios. Además, los recursos existentes quizás no se han organizado adecuadamente para satisfacer las necesidades reales, sino que se basan en datos estadísticos no suficientemente comprobados.
Como resultado, se puede observar una excesiva burocracia y falta de actuaciones eficaces de comprobación e investigación, lo que se traduce en la falta de pruebas fehacientes en los procedimientos de comprobación e investigación.
Cambios normativos tributarios constantes basados en propaganda política, a menudo sin rigor técnico
Lo mismo ocurre con los cambios normativos tributarios constantes que a menudo se basan en teorías o publicidad política, sin una verdadera conexión con la realidad a regular. Aunque es cierto que las normas deben adaptarse a la realidad social en constante cambio, el espíritu de las leyes fiscales sigue estando en el artículo 9 de la Constitución y no se puede descuidar en aras de principios difusos que pueden llevar a la desilusión cuando los tribunales corrigen el proceder de la Administración tributaria.
Las nuevas tecnologías son una oportunidad para mejorar pero no a expensas de socavar las garantías del ciudadano
Una parte de esta situación se debe a la deficiente técnica legislativa, pero esto no exculpa a la Administración Tributaria de ejercer sus funciones de manera adecuada. Las nuevas tecnologías pueden facilitar el cumplimiento formal, pero no a expensas de las garantías jurídicas, ya que estas herramientas pueden socavar la posición del individuo y evitar que se pueda discrepar razonablemente del criterio administrativo.
Este escenario no garantiza el cumplimiento de los principios consagrados en el artículo 9.3 de la Constitución. Además, los cambios legislativos para desactivar los efectos de las malas prácticas administrativas no contribuyen a preservar la confianza. Por lo tanto, es necesario un sistema tributario estable y claro para preservar la confianza de los ciudadanos en la Administración tributaria.
