Debe tenerse en cuenta que aún en los casos en que se aplica el principio del vencimiento objetivo existe jurisprudencia sobre la  estimación sustancial de las pretensiones, según la cual para la aplicación del principio general del vencimiento ha de considerarse que el ajuste del fallo a lo pedido no ha de ser literal sino sustancial.

Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2007  «la praxis judicial, complementa el sistema con la denominada doctrina de la «estimación sustancial» de la demanda, que, si en teoría se podría sintetizar en la existencia de un «cuasi-vencimiento», por operar únicamente cuando hay una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido, en la práctica es de especial utilidad en los supuestos que se ejercitan acciones resarcitorias de daños y perjuicios en los que la fijación del «quantum» es de difícil concreción y gran relatividad.

En los casos de allanamiento el art. 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), dispone que si el demandado se allanare a la demanda antes de contestar, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado.

Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación.

En los supuestos de desistimiento señala el art. 396 de la misma ley que si el proceso terminara por desistimiento del actor, que no haya de ser consentido por el demandado, aquél será condenado a todas las costas, mientras que si el desistimiento que pusiere fin al proceso fuere consentido por el demandado o demandados, no se condenará en costas a ninguno de los litigantes.

En materia de ejecución forzosa el art 539 de la LEC dispone que  en las actuaciones del proceso de ejecución para las que se prevea expresamente pronunciamiento sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y costas que les correspondan conforme a lo previsto en el artículo 241, sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras la decisión del Tribunal o, en su caso, del Secretario judicial sobre las costas.

Las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición, pero, hasta su liquidación, el ejecutante deberá satisfacer los gastos y costas que se vayan produciendo, salvo los que correspondan a actuaciones que se realicen a instancia del ejecutado o de otros sujetos, que deberán ser pagados por quien haya solicitado la actuación de que se trate.

¿Cual es la cuantía de las costas?

La cuantía de las costas se concreta por medio de la tasación de costas, que determina los importes que deben ser abonados  por la parte  que ha sido condenada resolución judicial.

La tasación es realizada por  el  Letrado de la Administración de Justicia a instancia de la parte favorecida por la condena en costas.

Para que se realice el cálculo se deberán aportar el conjunto de facturas que tenga cada parte respecto a los diferentes conceptos que hayan gastado en el proceso. Cada una de estas facturas, deberán ser justificadas a través de una minuta donde se especifiquen las razones que han motivado a dicho pago. En relación a los honorarios de letrados y procuradores, estos deberán estar justificados y deberán ser adecuados y proporcionales a los baremos publicados por los respectivos colegios profesionales.