Su renuncia, presentada por algunos medios como un síntoma de que no había causa, es en realidad, la decisión de un abogado que detectó indicios claros de corrupción y comprobó que no le iban a dejar ejercer una acusación seria
Carlos Perales no ha renunciado al caso Begoña Gómez por escepticismo jurídico. Tampoco por hartazgo mediático ni por creer que la casusa esta politizada o que es un montaje contra la esposa del presidente. No se ha ido. Le fueron descolgando, silenciando, para que sus cuestiones, sus interrogatorios, sus fundamentos jurídicos no molestaran demasiado. Carlos Perales no duda: “hay claros indicios de corrupción”. Su acusación era técnica, rigurosa y bien fundamentada. No se fue por falta de causa, sino porque no le dejaron ejercerla.
Primero le cercaron los silencios. Luego, las decisiones que no pasaban por él. Después vinieron los interrogatorios sin filo, las preguntas blandas, las estrategias dictadas desde otras mesas, las maniobras procesales que parecían escritas para incomodar lo justo a la investigada y que todo acabe en nada. En nada punible, se entiende. Porque ruido, lo hay. Mucho. Pero apenas justicia ni rigor jurídico.
Su renuncia, interesadamente empaquetada por algunos medios como la dimisión de quien ha visto que no hay caso, es en realidad la consecuencia de haber comprobado —con estupor profesional— que no le iban a dejar ejercer. Que la acusación popular que le encomendaron era decorado, no herramienta. Que el escenario estaba montado para parecer un juicio, pero sin intención real de juzgar. Un juicio de cartón, con preguntas de espuma.
Y entonces decidió salirse del teatro.
Desde el exterior, muchos medios de comunicación lo han leído al revés. “Renuncia por politización”, titulan. Como si esa frase sólo pudiera leerse en una dirección, que Begoña Gómez es inocente, que todo esta politizado. La realidad es otra: la del abogado que huye no del exceso, sino de la falta. De la falta de rigor, de intención, de verdad jurídica. Porque lo que Perales plantea no es que se haya acusado sin pruebas, sino que existiendo indicios muy graves de corrupción —y él sostiene que los hay— se ha optado por una mecánica procesal diseñada para esterilizar el procedimiento. Para que no moleste. Para que pase el tiempo.
Para que la justicia no interrumpa la agenda política.
La coreografía del vacío
Según las propias palabras del letrado en declaraciones a este medio, durante semanas, Carlos Perales y su equipo de Preico Jurídicos prepararon una estrategia de acusación técnica, sólida y quirúrgica. Una hoja de ruta que no aspiraba a titulares, sino a pruebas. El núcleo de la acusación apuntaba directamente al epicentro del presunto tráfico de influencias: las conexiones entre cargos, contratos y posicionamientos institucionales que, de probarse, desbordarían la mera ética pública para entrar de lleno en el Código Penal.
Pero esa arquitectura no llegó a desplegarse. Ni siquiera a discutirse.
Desde los primeros compases del procedimiento, la acusación que Perales representaba fue desplazada por otras voces. La dirección de las sesiones, el control de las comparecencias, el enfoque de los interrogatorios… todo fue pasando a manos ajenas. Según describe Perales, en particular, a la representación procesal de Vox, que asumió un protagonismo formal tan visible como ineficaz. Preguntas mal formuladas, errores de técnica jurídica y una alarmante falta de preparación dieron lugar a escenas tan previsibles como frustrantes: comparecencias sin presión, testigos que salían reforzados, y hasta un presidente del Gobierno que pudo acogerse a su derecho a no declarar sin quedar jurídicamente expuesto.
A ojos del letrado, aquello no era una batalla jurídica sino una coreografía: la simulación de un procedimiento dialéctico cuya conclusión parecía escrita desde el inicio. El proceso, afirma, no esta diseñado para depurar responsabilidades, sino para diluirlas. “No se puede hacer una defensa técnica […] estando todo el tema tan politizado”, explica Perales. Y añade con contundencia: “Consideramos que lo mejor es que nos apartemos del caso, porque no es nuestra política, ni la mía profesional, ni la de Preico Jurídicos”.
Su renuncia no es, por tanto, un portazo ideológico. Es una retirada por principios. El abandono de una causa que, según sostiene, había sido intervenida internamente para que nada doliera, para que todo pareciera avanzar mientras en realidad se detenía. Para que el proceso hiciera ruido, pero no salga la verdad.
Interrogatorios que merecían preguntas mejores
Lo más inquietante del relato que emerge tras la salida de Carlos Perales no es solo la forma en que se le apartó, sino lo que quedó fuera: las preguntas que no se formularon, los documentos que no se pidieron, las conexiones que no se quisieron trazar.
Perales no renuncia porque la acusación carezca de base, sino porque le han impedido demostrar que la tiene. Según explica, el caso estaba sólidamente armado desde el punto de vista técnico. “No estamos para hacer un juicio de valor sobre la culpabilidad o inocencia de nadie”, afirma, “pero cuando detectamos posibles delitos, los documentamos y los llevamos al juzgado. Lo que no vamos a hacer es estar en un proceso en el que no se nos deja trabajar”.
La acusación incluía indicios de tráfico de influencias, vínculos contractuales irregulares y potencial corrupción en la intermediación pública. Pero la acusación, lejos de usar esa arquitectura, fue desdibujada desde el inicio: “Han convertido esto en un asunto de gestos y no de Derecho. Y ahí no pintamos nada”, afirma Perales.
Lo más sangrante, según detalla, no es que otros asumieran el liderazgo. Es que ese liderazgo se empleó no para reforzar la acusación, sino para domesticarla. “Los interrogatorios no tenían dirección, las preguntas no tocaban los puntos clave… era una forma de cubrir expediente sin molestar demasiado. Y en un tema como este, eso es simplemente inaceptable”.
El trasfondo, por tanto, no es la politización en contra de Begoña Gómez, sino su blindaje. No es una cacería, sino una comedia. Y Perales, jurista antes que actor, decidió no interpretar el papel que le asignaron.
Acusación popular: entre el control ciudadano y la coartada institucional
La figura de la acusación popular ha sido históricamente una herramienta excepcional dentro del proceso penal español. Nacida como expresión del principio de participación ciudadana en la justicia —reconocido en el artículo 125 de la Constitución— y amparada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permite a cualquier ciudadano o entidad personarse en defensa del interés general, incluso sin ser víctima directa de los hechos investigados.
Pero esa herramienta, como todo instrumento poderoso, puede servir para fiscalizar el poder… o para protegerlo. Puede actuar como palanca de control o como cortina de humo. Todo depende de quién la ejerza, cómo se articule y con qué límites se tolere su acción.
En el caso Begoña Gómez, la acusación popular ha sido, paradójicamente, una doble trampa. Primero, para quienes pensaron que su mera existencia garantizaba el impulso procesal. Después, para quienes descubrieron que esa acusación había sido vaciada de contenido y entregada a una gestión política. A ojos de Carlos Perales, se trató de una sustitución silenciosa: una acusación popular sin capacidad real de acusar, convertida en engranaje de una liturgia judicial con final escrito. Y eso, en un sistema que presume de tutela judicial efectiva, es una anomalía difícil de justificar.
Desde el punto de vista doctrinal, el Tribunal Constitucional ha reiterado que la acusación popular no puede utilizarse con fines espurios ni partidistas, pero también ha defendido su valor como mecanismo de control frente a los excesos —o las pasividades— del poder institucional. La cuestión, por tanto, no es su legitimidad, sino su instrumentalización. Y cuando esta deriva en un decorado procesal para desactivar causas incómodas, el daño es doble: al caso concreto y al sistema en su conjunto.
