«He recibido una notificación de la Agencia Tributaria en la que me comunican el inicio de una inspección. En la notificación se menciona que han detectado discrepancias en mis declaraciones de IVA e IRPF de los últimos cuatro ejercicios. Mi negocio es una empresa de servicios digitales con clientes en distintos países, y en ocasiones he aplicado un criterio propio para determinar la tributación de ciertos ingresos.
Me preocupa que Hacienda considere que he cometido irregularidades graves. ¿Cuáles son los riesgos a los que me enfrento? ¿Cómo debo preparar mi defensa? ¿Existe alguna estrategia legal para minimizar las sanciones?»
Respuesta del Abogado: Prueba documental, estrategia fiscal y actuación diligente
Una inspección no implica automáticamente una infracción grave, pero sí indica que la Agencia Tributaria ha encontrado discrepancias en tu declaración que considera necesario revisar.
Si tu negocio se basa en servicios digitales con clientes internacionales, el foco de la inspección probablemente esté en la aplicación del IVA, la imputación de ingresos y la deducción de ciertos gastos. Hacienda puede estar analizando si has aplicado correctamente la exención de IVA en operaciones intracomunitarias o extracomunitarias, si los ingresos se han declarado en el ejercicio adecuado y si los gastos que has deducido son realmente justificables. Esto es un terreno complejo y en muchos casos, aunque el criterio del contribuyente sea razonable, Hacienda puede interpretarlo de forma distinta.
En cuanto a las posibles consecuencias, todo depende de la gravedad de las discrepancias. Si se trata de errores administrativos, lo más probable es que se regularicen los importes con intereses de demora, pero si Hacienda detecta indicios de dolo o negligencia grave, podrían imponerse sanciones de hasta el 150% de la cantidad dejada de ingresar. En los casos más extremos, si el importe defraudado supera los 120.000 euros en un solo ejercicio, podría haber consecuencias penales, aunque esto es poco común si todo se ha declarado con transparencia.
Lo más recomendable es actuar con rapidez y organización. Recopila toda la documentación relevante, incluidas facturas, contratos con clientes, justificantes de pagos y cualquier otra prueba que pueda respaldar tu interpretación fiscal. Si has aplicado criterios discutibles, es muy útil contar con informes de expertos que avalen tu decisión. En muchos casos, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente, por lo que es mejor anticiparse y tenerlo todo bien preparado.
Si la inspección ya está en marcha, debemos atender cada requerimiento en plazo. No responder o hacerlo con información incompleta puede agravar la situación. Además, si Hacienda propone una liquidación con ajustes, hay que analizar si es conveniente aceptarla. A veces, acogerse a la reducción del 30% por conformidad puede ser la mejor opción para evitar litigios largos y costosos, pero si consideras que Hacienda está actuando de manera injusta, tienes derecho a presentar alegaciones y recurrir la decisión. En muchos casos, los tribunales económico-administrativos dan la razón a los contribuyentes cuando hay argumentos sólidos detrás.
Si el importe de la regularización es elevado, puedes solicitar un fraccionamiento o aplazamiento del pago para evitar problemas de liquidez. También existe la opción de recurrir a una tasación pericial contradictoria si la liquidación se basa en una estimación discutible. Y si la sanción impuesta es desproporcionada, puedes impugnarla tanto en vía administrativa como, si fuera necesario, en vía contenciosa.
La clave aquí es no improvisar y actuar con estrategia. Una inspección bien gestionada puede resolverse sin grandes consecuencias, pero si se descuida, el impacto puede ser muy negativo. Hacienda muchas veces no tiene razón, pero para demostrarlo hay que actuar con diligencia y pruebas contundentes.
