soy administrador de una pyme del sector tecnológico y acabo de recibir una notificación de la Agencia Tributaria en la que me informan de la apertura de una inspección por presuntas irregularidades en mis declaraciones de IVA y Sociedades de los últimos cuatro años. Según Hacienda, han detectado incoherencias en mi facturación, especialmente con dos clientes extranjeros que cerraron hace más de un año, y consideran que algunas facturas podrían ser falsas. Además, cuestionan los gastos deducidos en concepto de asesoría y formación, argumentando que no están suficientemente justificados.
Para complicar más la situación, el año pasado contratamos un servicio de optimización fiscal a una consultora, que nos aseguró que ciertos incentivos fiscales eran completamente legales. Ahora Hacienda dice que hemos aplicado deducciones indebidas y podríamos estar frente a un caso de fraude.
No sé qué hacer. ¿Pueden acusarme de fraude sin pruebas claras? ¿Qué pasa si Hacienda determina que alguna factura no es válida? ¿Me pueden sancionar personalmente como administrador? ¿Qué pasos debo seguir para defenderme?
Respuesta del Abogado:
Por lo que explicas, Hacienda ha detectado irregularidades en facturación y deducciones fiscales, dos áreas sensibles en cualquier inspección. No significa automáticamente que haya fraude, pero sí que van a analizar en profundidad cada transacción.
Sobre las facturas cuestionadas, Hacienda suele basarse en criterios de veracidad de las operaciones. Si los clientes han cerrado, será crucial aportar pruebas como correos electrónicos, contratos, justificantes de pago y cualquier otro documento que demuestre que la transacción fue real. Si hay discrepancias en los importes o si el servicio no puede justificarse adecuadamente, Hacienda puede declarar esas facturas como inexistentes y reclamar el IVA deducido, con intereses y sanciones adicionales.
Respecto a los gastos deducidos en asesoría y formación, es común que Hacienda los revise si considera que no guardan relación directa con la actividad. La clave aquí será demostrar que esos gastos eran necesarios para el desarrollo del negocio, aportando documentación que respalde su uso empresarial.
El punto más preocupante es la posible acusación de fraude. Hacienda distingue entre errores en la aplicación de incentivos fiscales y un uso fraudulento de los mismos. Si la consultora aplicó deducciones sin un respaldo normativo claro, la Agencia Tributaria podría considerar que hubo intención de eludir impuestos, lo que podría derivar en sanciones que van del 100% al 150% del importe reclamado, e incluso en responsabilidades penales si la cuota defraudada supera los 120.000 euros anuales.
Como administrador, podrías verte afectado personalmente si Hacienda considera que hubo dolo o negligencia grave en la gestión fiscal de la empresa. Si se demuestra que actuaste con asesoramiento profesional y sin intención fraudulenta, podrías evitar responsabilidades personales.
Mi recomendación inmediata es:
- Recopilar toda la documentación que justifique las operaciones cuestionadas, incluyendo contratos, correos electrónicos, justificantes bancarios y cualquier otro elemento probatorio.
- No entregar documentos sin revisión previa. Es clave asegurarse de que toda la información es coherente antes de remitirla a la inspección.
- Evaluar si cabe un acta con acuerdo, que puede reducir la sanción en caso de que Hacienda insista en la existencia de irregularidades.
Cada caso tiene matices, pero lo más importante es actuar con rapidez y transparencia.
