“Los inquiokupas trabajan, tienen sueldos, coches y un piso nuevo alquilado a otra familia, y aun así viven en el nuestro gratis. Estamos indefensos, la justicia no hace nada”
Hay delitos que se cometen a oscuras y otros a plena luz del día, firmados, sellados y con contrato. La inquiocupación pertenece a esta segunda categoría: no necesita violencia ni allanamiento, sólo una Justicia degradada, convertida en maquinaria de impunidad, que premia al delincuente y arruina al que actúa conforme a la ley. España no es hoy una democracia plena, sino un país enfermo de impunidad, donde la Justicia —esa que debía ser la última defensa del ciudadano— se ha convertido en el síntoma más visible del fracaso institucional. Los tribunales ya no arbitran, administran ruinas; los jueces ya no imparten justicia, la dilatan; y el Derecho, en lugar de servir a la verdad, actúa como coartada del abuso.
Es el retrato más fiel de un Estado que ha normalizado el desamparo, donde la ley ha dejado de ser un límite para convertirse en un refugio del más cínico. Un Estado fallido no se mide por sus fronteras ni por su PIB, sino por su capacidad de proteger a los que cumplen la ley. Y en esa medida, España ya ha fracasado.
Los inquiokupas no irrumpen: se instalan. Firman un contrato, pagan los primeros meses, y cuando deciden dejar de hacerlo, invocan las palabras mágicas del fraude contemporáneo: “vulnerabilidad” y “consignación judicial”. A partir de ese momento, el procedimiento civil se congela. El artículo 250.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que prevé un desahucio rápido para proteger al arrendador, se convierte en un decorado inútil, porque la práctica judicial —llena de oficios, informes y suspensiones sin fecha— neutraliza la propia ley que pretende aplicar.
El Estado, que redacta normas con solemnidad, no se responsabiliza cuando las incumple. El artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho de propiedad, pero ese derecho, en la realidad cotidiana, depende del humor de un funcionario o del calendario de un juzgado saturado. La buena fe contractual —pilar del Derecho civil desde el siglo XIX— ha sido sustituida por una cultura de impunidad en la que el inquiokupa se presenta como víctima y el propietario como agresor.
La familia de Marta, víctima de unos inquiokupas y del colapso judicial
En Solsona, una casa ocupada se ha convertido en la metáfora más precisa de un país que se descompone por dentro. Sus muros todavía conservan el olor de una familia que creyó en la ley; pero hoy, entre sus paredes, habita la impunidad. Desde la calle se ve una fachada cualquiera, pero detrás de esta, late la radiografía de un Estado que ha perdido el pulso. Allí vivía Marta Pérez, la joven que, tras beber un batido contaminado, quedó en coma. Su historia conmocionó a todo el país: cobró cobertura nacional e internacional, con medios de comunicación que enseñaron su cama de hospital, sus primeros gestos de mejora, sus padres alertando al país sobre la negligencia y la fragilidad del sistema sanitario.
Durante semanas, su rostro fue portada en los informativos, símbolo de la fragilidad humana y de la solidaridad colectiva. España entera conoció su historia, donó, rezó, se indignó. Los medios la mostraron como ejemplo de resistencia y esperanza. Pero lo que vino después —el segundo calvario, el judicial— nadie lo contó. Sus padres, trasladados a Ibi (Alicante) para poder atenderla, alquilaron su casa de Solsona para financiar su rehabilitación. Era un gesto de sensatez, de fe en el sistema: firmaron contrato, registraron fianza, declararon ingresos, confiaron en que la ley los protegería.
Hoy, esa casa está ocupada por unos inquilinos que llevan quince meses sin pagar un solo euro. No son vulnerables, no son pobres, no son víctimas. Son el retrato del abuso con todas sus letras. Trabajan, tienen sueldos estables, coches, motos, y —como confirman varios vecinos— se han comprado recientemente otra vivienda que incluso han puesto en alquiler. Mientras obtienen rentas de un inmueble que les pertenece, viven gratis en uno ajeno.
Los padres de Marta siguen pagando el IBI, la basura, los seguros y la comunidad. Siguen recibiendo cartas del banco, pero ahora esas cartas las abren otros: los mismos inquilinos que, según consta en la denuncia penal, llegaron a difundir su correspondencia privada en redes sociales para hacerles daño. El artículo 197.3 del Código Penal castiga con hasta cuatro años de prisión la revelación o utilización de correspondencia ajena. En la práctica, nadie lo persigue.
No hay consignación judicial de rentas, pese a que los ocupantes afirman haberla hecho. Lo confirma el procurador, lo certifica el juzgado: no existe ni ingreso ni depósito. Pero basta con decirlo —no probarlo, solo decirlo— para ralentizar un procedimiento ya de por sí atascado en un sistema judicial colapsado. Es por ello que los inquilinos continúan difundiendo la mentira de la “consignación judicial de rentas”. Lo repiten a sus vecinos, lo exhiben en conversaciones, como si bastara esa excusa para limpiar la conciencia. Pero en Solsona todos se conocen, y nadie les cree.
La escena de la indignidad
Los vecinos de Solsona no comprenden nada. Ven a los inquilinos morosos subir al coche cada mañana, hacer la compra, planear vacaciones. Los han visto reformar la vivienda ajena, cambiar cerraduras, colgar cortinas nuevas. Lo comentan con resignación: “Viven mejor que los propietarios”. En cualquier otro contexto, esto sería una aberración moral; en España, es rutina judicial.
El procedimiento de desahucio por impago, que según la ley debería resolverse en tres meses, lleva más de quince. El Real Decreto-ley 7/2019 introdujo la obligación de suspender cualquier lanzamiento si el arrendatario alega vulnerabilidad. No exige prueba. No fija plazo. No limita la suspensión. La intención era proteger a los más frágiles. El resultado: blindar al que miente.
En teoría, la justicia social debía equilibrar la desigualdad. En la práctica, la ha invertido. Son las víctimas las que se enfrentan a la administración como si fueran delincuentes, mientras el incumplidor disfruta de un sistema hecho a su medida. La compasión institucional, cuando no discrimina entre la necesidad real y el fraude, se convierte en una forma de injusticia.
Los padres de Marta alquilaron su casa para pagar la rehabilitación de su hija. No para enriquecerse, no para especular, sino para sobrevivir. Hoy están arruinados, agotados y humillados. Han hecho lo que el Estado exige: confiar en la ley. Pero la ley los ha traicionado.
Entrevista íntegra Padres de Marta Pérez
- Lo primero de todo, ¿Cómo está Marta hoy por hoy? ¿Cómo se encuentra?
Padres de Marta: Marta sigue peleando mucho. Está mejorando poco a poco, aunque el progreso es muy lento y requiere muchísima rehabilitación y muchas terapias. Hay que estar muy encima, pero lo importante es que evoluciona, que avanza. Y eso ya es mucho.
- ¿Por qué decidisteis alquilar vuestra vivienda? ¿Cómo surgió todo y cómo conocisteis a estos inquilinos?
Padres de Marta: Nosotros nos mudamos a Alicante por trabajo, y al venirnos aquí alquilamos nuestra casa de Lleida. Era nuestra vivienda de toda la vida, pero decidimos ponerla en alquiler porque el cambio nos venía bien y además económicamente nos ayudaría con la rehabilitación de Marta.
Estas personas son del mismo pueblo. Ya nos habían dicho en su día que, si quedaba libre la casa, estarían interesados en alquilarla. Al marcharse los inquilinos anteriores, se la alquilamos a ellos. Al principio pagaban, pero después dejaron de hacerlo.
Un día —suponemos que al abrir alguna de nuestras cartas— vieron que atravesábamos dificultades económicas a raíz de lo de Marta. Y fue entonces cuando decidieron no pagarnos más. A partir de ahí, el equipo de Raúl Castañeda desde Preico Jurídicos empezó a reclamarles, pero no quisieron saber nada. Se presentó demanda y así llevamos ya más de un año, quizás un año y tres o cuatro meses.
Mientras tanto, nosotros seguimos pagando el IBI, la basura, el alcantarillado… todo. Es desesperante. La justicia va lentísima, y te sientes desamparado porque ves que es muy injusto: ellos están viviendo en tu casa y tú, además, asumiendo sus gastos.
- ¿Ellos han alegado algún tipo de problema económico o de vulnerabilidad?
Padres de Marta: No, ninguno. Todo lo contrario. Trabajan, tienen coches, motos, incluso se han comprado un piso y lo tienen alquilado. Y mientras tanto, no nos pagan. Es una falta total de vergüenza.
Nosotros siempre decimos que, si de verdad estuvieran pasando por un mal momento, lo entenderíamos. A pesar de lo que vivimos, empatizaríamos con ellos. Pero no es el caso. El pueblo es pequeño y la gente nos cuenta: “Se han ido de vacaciones”, “han comprado esto o aquello”… Es indignante.
- ¿Qué ha pasado desde entonces a nivel judicial?
Padres de Marta: Hay una demanda presentada, pero la justicia es lenta. Llevamos más de un año esperando y no se ha avanzado gran cosa. Nos sentimos atados de pies y manos: si haces algo por tu cuenta, encima el problema lo tienes tú.
Y claro, mientras tanto ellos siguen ahí, viviendo gratis, y nosotros seguimos pagando todo.
- Más allá de la cuestión legal, esto os afecta emocionalmente en un momento muy delicado… ¿Cómo se sobrelleva esto en el dia a dia?
Padres de Marta: Nos afecta muchísimo. Ya bastante duro es lo de Marta como para encima tener que soportar que unos caraduras se rían de nosotros y del sistema.
Nosotros alquilamos esa casa para poder pagar las terapias de nuestra hija, no para darnos caprichos. Y ver que ese dinero se lo están quedando otros es durísimo. No lo entendemos.
Yo misma hice un vídeo explicándolo: esa gente está viviendo gratis, quitándole a mi hija tratamientos que podríamos costear con ese dinero. Es muy cruel.
- Los inquilinos aseguran haber consignado las rentas en el juzgado. ¿Es cierto?
Padres de Marta: No. Eso es totalmente falso. Es lo que ellos le dicen a la gente para quedar bien. Cuando alguien les recrimina que no pagan, responden que lo tienen consignado judicialmente, que nosotros mentimos. Pero Raúl Castañeda y su equipo de Preico lo ha confirmado con los procuradores: en el juzgado no hay ningún ingreso, ni consignación, ni nada. Es una mentira más.
Además, han llegado a publicar correspondencia personal nuestra del banco en redes sociales, después de abrir nuestras cartas. Eso ya es otro delito, y también se ha denunciado aparte.
- ¿Qué os gustaría que entendiera la gente que está leyendo esto?
Padres de Marta: Que esto no es solo nuestro caso. Hay muchísima gente viviendo lo mismo, atrapada en procedimientos eternos, con inquilinos que abusan del sistema.
En España se protege demasiado al que miente y se deja indefenso al que actúa de buena fe. Y eso no puede ser. Nosotros alquilamos para poder atender a nuestra hija, y ahora nos vemos así: pagando por todo mientras otros disfrutan de lo que es nuestro.
ANÁLISIS JURÍDICO
La llamada inquiocupación —cuando un inquilino con contrato deja de pagar, pero permanece en la vivienda amparándose en la lentitud procesal o en falsas consignaciones judiciales— se ha convertido en una de las principales grietas del Derecho Civil español. A diferencia de la okupación pura, en la que el ocupante irrumpe sin título, la inquiocupación nace de un contrato legítimo que el sistema convierte, por su ineficacia, en un blindaje temporal para el moroso.
1. Un problema jurídico con raíces procesales
El procedimiento de desahucio por falta de pago, regulado en los artículos 250.1.1º y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, está diseñado para ser rápido. Sin embargo, la realidad es otra:
- Los juzgados tardan entre 10 y 24 meses en ejecutar un lanzamiento.
- La mera alegación de consignación (aunque sea falsa) puede suspender la ejecución hasta su comprobación.
- La saturación judicial, unida a la proliferación de recursos dilatorios, desactiva la tutela judicial efectiva del arrendador.
En la practica, la efectividad del desahucio depende menos del Derecho y más de la gestión judicial y la voluntad de impulso procesal.
3. Falsas consignaciones: una trampa recurrente
Muchos morosos alegan haber consignado judicialmente las rentas. Sin embargo, el simple anuncio de esa consignación no suspende el procedimiento si no se acredita con resguardo o justificante (art. 22.4 LEC).
El problema es que pocos jueces lo verifican de oficio y la mentira puede prolongar meses el impago sin consecuencias.
4. Un delito ignorado: revelación de correspondencia
El caso de los padres de Marta muestra otro ángulo penal: los inquilinos llegaron a abrir y publicar en redes sociales cartas bancarias privadas.
Esto constituye un delito del artículo 197.3 del Código Penal (descubrimiento y revelación de secretos) castigado con penas de prisión de uno a cuatro años.
Aun así, la respuesta judicial suele ser mínima: el proceso penal se dilata y acaba archivado.
5. Reformas necesarias
Los juristas especialistas en la materia coinciden en tres medidas urgentes:
- Procedimiento monitorio exprés para arrendamientos residenciales con impago superior a dos meses.
- Verificación automática de consignaciones por parte del juzgado antes de admitir suspensiones.
- Tipificación agravada del impago doloso cuando el arrendatario tenga capacidad económica demostrable.
El caso de los padres de Marta Pérez no es una excepción: es la consecuencia directa de un sistema judicial que ha perdido su función esencial, la de garantizar la eficacia de la ley. El problema no está en las normas, sino en su ejecución. En España, el Derecho civil funciona sobre el papel, pero se derrumba en los juzgados saturados donde los plazos se cuentan en años y no en días.
La inquiocupación ha prosperado no porque falten leyes, sino porque la Justicia no puede aplicarlas con la rapidez que requieren. Los procedimientos de desahucio, que el artículo 250.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil define como juicios verbales de tramitación preferente, se dilatan en un laberinto procesal que desactiva cualquier tutela efectiva. Lo que debería resolverse en semanas se convierte en una espera interminable donde el arrendador asume todas las cargas y el infractor disfruta del bien.
El Estado no puede seguir tolerando que su lentitud sea un beneficio para quien incumple. Urge devolver al proceso civil su finalidad: restituir derechos con prontitud. No se trata de endurecer la ley, sino de aplicarla con eficacia. Los juzgados necesitan medios materiales, personal y tecnología suficientes para garantizar que las resoluciones se cumplan sin demora. Sin ejecución inmediata, el Derecho pierde autoridad y el fraude gana legitimidad.
