El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha vuelto a subir en 2025. Concretamente, pasa de 15.876€ a 16.576€ anuales, lo que supone un aumento de 700€ al año. Como cada vez que se produce una actualización de esta magnitud, el debate sobre su impacto se reactiva: ¿es una medida realmente efectiva para mejorar la calidad de vida de los trabajadores o acaba teniendo efectos colaterales que no se suelen mencionar?
A priori, cualquier subida del salario mínimo es bien recibida por quienes lo perciben. Sin embargo, la realidad económica es más compleja de lo que sugieren los titulares. Una vez se desgranan los efectos fiscales, el impacto sobre la contratación y la carga que supone para empresas y autónomos, es cuando se entiende que el resultado no es tan lineal como parece.
¿Cuánto realmente percibe el trabajador de la subida?
Uno de los primeros aspectos a considerar es que el aumento del SMI no llega íntegro al trabajador. De los 700€ adicionales al año, una parte significativa se queda en las arcas de la Administración a través de cotizaciones sociales e impuestos.
Si desglosamos el reparto de esta subida, el esquema es el siguiente:
- 346€ van a retenciones del IRPF y cotizaciones sociales que paga el propio trabajador.
- 213€ corresponden a cotizaciones empresariales, que aunque no las asume el trabajador directamente, sí encarecen su contratación.
Es decir, de los 700€ adicionales, 560€ se los queda la Administración, dejando una subida neta para el trabajador de 354€ al año, o lo que es lo mismo, menos de 30€ al mes.
El problema de la inflación: subida nominal vs. subida real
Uno de los principales argumentos a favor del incremento del SMI es que permite a los trabajadores con rentas más bajas compensar la inflación. Pero ¿realmente se consigue este objetivo?
En 2024, el Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró con una subida del 2,8%. Aplicando esta cifra al salario mínimo, la cantidad necesaria para mantener el mismo poder adquisitivo sería 445€ netos adicionales al año.
Pero si el trabajador solo percibe 354€ netos, significa que en términos reales está perdiendo capacidad adquisitiva. Es decir, pese a la subida del SMI, quienes lo cobran pueden encontrarse en 2025 en una posición más débil que en 2024.
Este es un fenómeno que ya se ha producido en anteriores incrementos del salario mínimo: la subida nominal genera la sensación de una mejora, pero cuando se tienen en cuenta la inflación, los impuestos y la pérdida de poder de compra, el efecto real puede ser incluso negativo.
Impacto en la contratación y en la economía real
El SMI no solo afecta a los trabajadores que lo perciben, sino también a las empresas y autónomos que deben pagarlo. Y aquí es donde se abre otro debate importante: ¿qué impacto tiene en la creación de empleo?
El Banco de España ha alertado en varias ocasiones sobre el efecto de las subidas del SMI en la empleabilidad, especialmente en colectivos con menor cualificación o en sectores con márgenes reducidos. Un informe de la entidad señalaba que el aumento del SMI en 2019 afectó negativamente al empleo de jóvenes y trabajadores con menor formación, dos de los colectivos más vulnerables en el mercado laboral.
Cuando el salario mínimo sube, las empresas deben asumir un mayor coste laboral por cada trabajador. Esto puede traducirse en:
- Menos contrataciones: si el coste de un empleado sube, algunas empresas pueden optar por no ampliar plantilla.
- Mayor precariedad laboral: en sectores con dificultades, puede fomentarse la contratación a tiempo parcial o temporal para evitar los sobrecostes.
- Riesgo de despidos: en negocios pequeños, una subida de costes puede hacer inviable mantener el número actual de empleados.
- Aumento de la economía sumergida: en algunos sectores, el incremento del SMI puede incentivar contrataciones sin declarar para evitar los costes asociados.
Para las pymes y autónomos, que representan la mayor parte del tejido empresarial español, este tipo de incrementos salariales pueden suponer un problema si no van acompañados de un crecimiento proporcional en la productividad o en los ingresos de los negocios.
Coste total de contratar a un trabajador con SMI
Si analizamos cuánto cuesta realmente a una empresa contratar a un trabajador con SMI en 2025, los números quedan de la siguiente manera:
- Salario bruto anual: 16.576€
- Cotizaciones a la Seguridad Social (aprox. 30%): +4.972€
- Coste total para la empresa: 21.548€ al año
Es decir, aunque el trabajador perciba 1.177€ brutos al mes, el coste real para la empresa supera los 1.795€ mensuales.
Este aumento del coste por empleado no siempre se traduce en una mayor productividad, por lo que algunas empresas pueden tener dificultades para asumirlo sin que esto afecte a su rentabilidad.
¿Quién gana realmente con la subida del SMI?
A la vista de los datos, parece claro que la subida del SMI no tiene un único beneficiario. Si bien los trabajadores reciben una ligera mejora en su salario neto, la mayor parte del incremento se destina a cotizaciones e impuestos que van a parar a la Administración.
Este aumento de ingresos para el Estado puede ser positivo si se destina a mejorar servicios públicos o financiar el sistema de pensiones, pero es importante tener en cuenta que los trabajadores no perciben la totalidad de la subida y que las empresas asumen un mayor coste sin que esto necesariamente implique más rentabilidad o empleo.
Conclusión: una medida con efectos mixtos
El incremento del SMI en 2025 tiene un impacto que va más allá del simple aumento de la nómina de los trabajadores. El efecto real sobre su poder adquisitivo es menor del que podría parecer a primera vista, debido a la carga fiscal y al efecto de la inflación.
Al mismo tiempo, la medida impone una mayor carga sobre las empresas y autónomos, lo que puede traducirse en una ralentización de la contratación, más precariedad laboral o un impulso a la economía sumergida.
El desafío, por tanto, no está en si se debe o no subir el SMI, sino en cómo hacerlo de manera equilibrada para que la medida realmente beneficie a los trabajadores sin generar efectos adversos sobre el empleo y la economía.
En este sentido, una política salarial efectiva debería tener en cuenta no solo el salario nominal, sino también la carga fiscal, la productividad y el contexto económico general, para asegurar que el impacto sea realmente positivo en todos los niveles.
