El Tribunal Supremo, en la reciente sentencia 7493/2023 de 17 de octubre que ha avalado la instalación de cámaras de seguridad en zonas comunes de comunidades de propietarios. Este fallo refuerza la importancia de equilibrar la seguridad colectiva con el respeto a los derechos individuales, ofreciendo un marco legal claro para la videovigilancia en espacios y zonas comunes en las comunidades de vecinos.
Antecedentes del Caso
El caso surge a raíz de la decisión de una comunidad de propietarios de instalar un sistema de videovigilancia en áreas comunes para prevenir actos delictivos y proteger la convivencia. La medida fue cuestionada por uno de los vecinos, alegando que vulneraba su derecho a la privacidad y al respeto a su vida personal y familiar, protegido por el artículo 18 de la Constitución Española.
El conflicto llegó hasta el Tribunal Supremo, quien tuvo que dirimir entre la necesidad de garantizar la seguridad y la protección de datos personales.
Decisión del Tribunal Supremo
En su resolución, el Tribunal Supremo avaló la instalación de las cámaras, destacando que estas medidas son proporcionales y necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad. Entre los puntos más destacados del fallo, se encuentran:
- Primacía de la seguridad colectiva:
El Supremo consideró que, dado el aumento de incidentes delictivos y la necesidad de proteger las zonas comunes, la instalación de cámaras es una medida adecuada y justificada. - Proporcionalidad de la medida:
Se argumentó que las cámaras estaban limitadas a las áreas comunes y no captaban imágenes de espacios privados como viviendas, balcones o terrazas. Esto garantiza que la privacidad de los vecinos no se vea afectada. - Cumplimiento de la normativa sobre protección de datos:
La comunidad implementó un sistema que cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esto incluye la señalización de las zonas vigiladas, el control del acceso a las grabaciones y la limitación del tiempo de almacenamiento de las imágenes. - Relevancia del consenso vecinal:
La decisión fue adoptada en una junta de propietarios, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Propiedad Horizontal, lo que refuerza su legitimidad.
Impacto de la Sentencia
La sentencia ha generado un precedente importante que clarifica los límites y posibilidades de las comunidades de propietarios para implementar sistemas de videovigilancia:
- Refuerza la legalidad de las cámaras en zonas comunes: Establece que estas son compatibles con los derechos fundamentales, siempre que se respeten los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima invasión de la privacidad.
- Facilita la toma de decisiones en juntas de propietarios: Proporciona un marco legal sólido para que las comunidades se sientan respaldadas al implementar medidas de seguridad similares.
- Protege a los vecinos frente a posibles abusos: Al exigir el cumplimiento del RGPD, se garantiza que las grabaciones no serán usadas para fines diferentes de los previstos.
Beneficios de las Cámaras de Seguridad en Comunidades de Vecinos
1. Incremento de la Seguridad y Protección General
Las cámaras son una herramienta eficaz para prevenir y disuadir actos delictivos. Contribuyen a mantener un entorno seguro para los residentes, lo que se traduce en tranquilidad y confianza.
2. Reducción de Costes Comunitarios
La videovigilancia puede optimizar la gestión económica de la comunidad. En muchos casos, estos sistemas permiten reducir gastos en seguridad física, como conserjes, o minimizar los costos por reparaciones derivadas de actos vandálicos.
3. Disuasión delictiva y mejora de la convivencia
La presencia de cámaras, junto con carteles que indican «zona videovigilada», intimida a posibles intrusos y mejora el comportamiento de los vecinos. Esto incluye desde evitar robos en garajes y trasteros hasta fomentar un uso más respetuoso de las instalaciones comunes.
4. Protección contra la ocupación ilegal
Un sistema de videovigilancia es clave para detectar allanamientos o usurpaciones de viviendas a tiempo, especialmente durante las vacaciones.
5. Vigilancia en tiempo real y recopilación de pruebas
Estas herramientas permiten monitorear en tiempo real las áreas comunes, facilitando la detección temprana de actividades sospechosas. Además, en caso de incidentes, las grabaciones pueden servir como pruebas legales en investigaciones policiales o procesos judiciales.
