sábado, enero 29, 2022

Acusación particular

A diferencia de la acusación popular, la acusación particular pretende defender unos derechos o intereses legítimos propios de la persona que ejerce la citada acción, la cual debe acreditar la circunstancia de que se derive su condición de perjudicado.

 La forma de ejercicio de la acusación particular es doble, pues se puede ejercitarse mediante querella y la intervención adhesiva siempre que esta se produzca antes del trámite de calificación del delito.

 En todo caso, la persona ofendida o perjudicada por el delito ha de ser expresamente instruido de su derecho a ejercer la acción penal mediante el ofrecimiento de acciones.

  • Acusador privado: es también perjudicado por el delito, pero en este caso es el único legitimado para ejercer la acción penal, porque el delito por el que se ha visto ofendido no afecta al interés común. Es una figura absolutamente residual.

 En los delitos de injuria y calumnia, el ofendido tiene el monopolio de la acción penal, que puede ejercitar mediante querella, así como plena disposición sobre la acción penal ejercitada, que se extingue por su renuncia.

 Si la injuria o calumnia va dirigida contra funcionarios públicos por hechos relativos al ejercicio de sus funciones, el Ministerio Fiscal interviene en el proceso, ya que el delito es público, en caso de particulares no.

 El ejercicio de la acción penal y civil derivada de los delitos privados se sujeta al régimen normal de ejercicio de las mismas, pero:

  • El ejercicio separado de la acción civil supone la automática extinción de la acción penal.
  • Cuando el acusador particular deje de instar el procedimiento, se entiende que abandona la querella.

Los artículos 100 a 117 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hacen referencia a las personas a las que corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas. Así, la citada Ley en sus artículos iniciales establece lo siguiente::

 “TÍTULO IV

 De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas

 Artículo 100.

De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible.

 Artículo 101.

La acción penal es pública.

Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley.

 Artículo 102.

Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, no podrán ejercitar la acción penal:

1.º El que no goce de la plenitud de los derechos civiles.

2.º El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas.

3.º El Juez o Magistrado.

Los comprendidos en los números anteriores podrán, sin embargo, ejercitar la acción penal por delito o falta cometidos contra sus personas o bienes o contra las personas o bienes de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos o uterinos y afines.

Los comprendidos en los números 2.º y 3.º podrán ejercitar también la acción penal por el delito o falta cometidos contra las personas o bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal.

Artículo 103.

Tampoco podrán ejercitar acciones penales entre sí:

1.º Los cónyuges, a no ser por delito o falta cometidos por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia.

2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por la adopción o por afinidad, a no ser por delito o falta cometidos por los unos contra las personas de los otros.

Artículo 104.

Las acciones penales que nacen de los delitos de estupro, calumnia e injuria tampoco podrán ser ejercitadas por otras personas ni en manera distinta que las prescritas en los respectivos artículos del Código Penal.

Las faltas consistentes en el anuncio por medio de la imprenta de hechos falsos o relativos a la vida privada, con el que se perjudique u ofenda a particulares, y en injurias leves sólo podrán ser perseguidas por los ofendidos o por sus legítimos representantes.

Artículo 105.

  1. Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada.
  2. En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida.

     La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención.”

En relación a estos artículos se ha pronunciado nuestra jurisprudencia, como ejemplo citaremos:

“Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 17 diciembre 2007

En el supuesto de la acción para solicitar la punibilidad de un hecho definido en la ley como delito, la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha establecido como principio básico que «todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley» (art. 101 LECr). Esta disposición reitera lo previsto en el art. 125 CE y en el art. 19 LOPJ, que también establecen que el derecho de la acción popular se ejercerá según sea establecido en la ley o en las disposiciones legales en las que se lo configure.

No obstante la generalidad de la redacción del art. 101, la LECr ha impuesto mediante otros preceptos limitaciones al ejercicio de la acción penal que se recogen en los arts. 102 y 103 de la misma, en los que han sido incluidas restricciones que afectan a determinadas personas, previendo en el segundo párrafo del art. 102 y en el art. 103. 2º las bases para distinguir el caso de los que ejerciten la acción «por delito o falta cometido contra sus personas o bienes o contra las personas de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos o uterinos o afines» y el supuesto de los que no hayan sido sujetos pasivos del delito o falta.

Otras limitaciones surgen del Código Penal y excluyen la acción popular: arts. 191 y 296 CP. En todos los casos se trata de limitaciones consideradas por el Legislador adecuadas a las exigencias, a los fines y a los límites del derecho penal. La consecuencia lógica de las limitaciones previstas en la ley es que las personas que carecen del derecho de ejercer la acción penal no pueden invocar el derecho a la tutela judicial efectiva de un derecho del que carecen y que su derecho a la tutela judicial efectiva se satisface con la obtención de una decisión judicial motivada, que no necesita ser favorable al derecho invocado, lo que el auto recurrido cumple.(…)

(…)4. El auto recurrido concreta la ratio decisionis en el «principio de legalidad en su vertiente procesal», entendiendo que «en el procedimiento abreviado no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular», para lo cual invocó el sentido literal del art. 782.1 LECr , en el que se dice que «si el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los arts. 637 y 641, lo acordará el Juez.”

El sentido de la expresión «acusador particular», de acuerdo con el auto recurrido, se debe extraer de la Exposición de Motivos de la Ley 38/2002, por la que fue introducida la actual redacción del art. 782 LECr, en la que la expresión «acusación particular» se identifica con la de los «perjudicados por el delito». De allí infirió el Tribunal a quo que al haber sido solicitado el sobreseimiento por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, el Juez de Instrucción debía sobreseer la causa.

Esa identificación surge también del texto del art. 782.2. LECr, por lo que las dudas que podría generar el valor interpretativo de la Exposición de Motivos carece de trascendencia.

Consecuentemente: ni la ley aplicada ni la motivación del auto recurrido se fundamentan en el reconocimiento de ningún privilegio para las personas acusadas por la acusación particular.

  1. Sin perjuicio de lo anterior, debemos subrayar que, sin poner en duda la institución reconocida en el art. 125 CE, las excepciones al ejercicio de la acción popular no tienen aptitud para comprometer el carácter de Estado democrático de Derecho que le atribuyen los recurrentes. Si se observa el derecho procesal de las democracias europeas se comprobará que la tendencia legislativa es sumamente restrictiva, pues sólo se suele reconocer el derecho a tomar parte en el proceso penal, junto al Ministerio Público, a los perjudicados civiles (p. e.: los códigos procesales italiano, [art. 74 y ss.], francés, [art. 85 y ss.], portugués [art. 71 y ss.] o permitir sólo una participación adhesiva supeditada a la del Fiscal [Alemania, StPO § 395], o admitir una participación subsidiaria en el caso de desistimiento del Fiscal [Austria, StPO §§ 46 y ss.]). Ello es consecuencia de la atribución del ius puniendi al Estado en forma monopolista que caracteriza al derecho penal moderno.”

Nuestros autores, y en concreto GOMEZ ORBANEJA, define la acción penal como “el ius ut procedatur (derecho a proceder) por el que se exige a un juez, que compruebe unos hechos, los califique e imponga las responsabilidades a que haya lugar”.

Dicho esto podemos definir la acción penal como el derecho de todas las personas a promover la actuación de los órganos judiciales para aplicar el “ius puniendi” que corresponde al Estado.

De lo establecido en los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal citados podemos diferenciar entre la acción penal en los delitos públicos, semipúblicos y privados:

  • Así, si el delito es público (como lo son la mayoría de delitos según nuestro ordenamiento jurídico), el Ministerio Fiscal tiene el deber de ejercitar la acción penal, mientras que el acusador particular y el acusador popular tienen la facultad de hacerlo.
  • Además, si el delito es semipúblico (descubrimiento y revelación de secreto, impago de pensión alimenticia…), el Ministerio Fiscal también tiene el deber de ejercitar la acción penal, pero su ejercicio está condicionado a que previamente el ofendido o perjudicado por el delito presente denuncia; igualmente, en este caso el acusador particular podrá ejercer la acción penal.
  • Finalmente, si el delito es privado (injuria y calumnia), el único legitimado para ejercer la acción penal es el ofendido (acusador privado), sin que puedan hacerlo ni el Ministerio Fiscal ni los acusadores privado y público.

Frente a las partes activas encargadas del ejercicio de la acción punitiva, nos encontramos con las partes pasivas, las cuales son las personas frente a las que se ejercitan las pretensiones de condena.

 Por un lado tendremos al imputado, presunto responsable de la infracción criminal y destinatario del ius puniendi.

 Y por otro lado las partes civiles, el responsable civil como deudor de la obligación de resarcimiento nacida del delito, y el responsable civil subsidiario, como persona física o jurídica que está ligada por relación de dependencia familiar o laboral, y al que se le atribuye el cumplimiento subsidiario de la obligación de resarcir. 

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