Una diligencia o decreto dictado por el LAJ no puede ser objeto de declaración de error judicial

El Tribunal Supremo, a través de su sentencia número 1398/2023, emitida el 10 de octubre con referencia, establece que no es posible solicitar un proceso de declaración de error judicial en relación a las decisiones tomadas por el letrado de la Administración de Justicia. En el caso en cuestión, la parte demandante busca obtener una declaración de error judicial con respecto a una diligencia de ordenación en la cual el letrado de la Administración de Justicia admitió un recurso de apelación contra una sentencia en un caso de desahucio.

Esto ocurrió a pesar de que el demandado, que deseaba apelar la sentencia, no había demostrado que había pagado las rentas vencidas y anticipadas, tal como lo requiere la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es importante destacar que el Tribunal Supremo ya había establecido en sentencias previas que las decisiones tomadas por los letrados de la Administración de Justicia no pueden ser consideradas como errores judiciales. Dichas decisiones pueden ser consideradas como parte de un funcionamiento anormal y, en caso de daños y perjuicios, podrían dar lugar a una indemnización por parte de la Administración. Sin embargo, no pueden ser clasificadas como errores judiciales, a menos que hayan sido ratificadas por un juez o tribunal.

Además, el Ministerio Fiscal señala que la solicitud de error judicial está dirigida hacia la diligencia de ordenación emitida por el letrado de la Administración de Justicia, la cual, según la jurisprudencia, no puede considerarse como una resolución judicial válida en el contexto de un proceso de declaración de error judicial.

En resumen, el Tribunal Supremo concluye que el retraso en la tramitación del litigio debido a la admisión a trámite del recurso de apelación se debe, en gran medida, a la actuación de la demandante. En lugar de impugnar la admisión del recurso de apelación, insistió en impugnar las decisiones del letrado de la Administración de Justicia y del juez, a pesar de que, una vez que se había emitido la diligencia que admitía el recurso de apelación, el juzgado ya no tenía competencia para decidir sobre la admisibilidad del recurso, como lo establece el artículo 458.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este artículo establece que «contra la resolución por la que se tenga por interpuesto el recurso de apelación no cabrá recurso alguno, pero la parte recurrida podrá alegar la inadmisibilidad de la apelación en el trámite de oposición al recurso, tal como se establece en el artículo 461 de esta ley».

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