Sin declaración expresa de caducidad, Hacienda no puede iniciar un nuevo procedimiento de inspección

La declaración expresa de caducidad es esencial para garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes

El Tribunal Supremo, en sendas sentencias 1162/2023, 1174/2023 del 21 de septiembre de 2023, ha establecido que, aunque la caducidad opera automáticamente al vencimiento del plazo legalmente establecido, la Administración Tributaria está obligada a declarar expresamente la caducidad después de que haya transcurrido el plazo máximo legal para notificar la liquidación en un procedimiento de gestión tributaria iniciado por declaración.

En otras palabras, si no se realiza una declaración expresa de caducidad en un procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración, relacionado con un concepto tributario específico y un período impositivo determinado, no es posible iniciar un nuevo procedimiento de inspección sobre ese mismo concepto tributario y período impositivo. Además, no se pueden utilizar los documentos y pruebas obtenidos en el procedimiento caducado en el nuevo procedimiento.

Los casos

Los tres casos examinados se referían a declaraciones del Impuesto sobre Sucesiones presentadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Según el artículo 31 de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD), los sujetos pasivos están obligados a presentar una declaración tributaria, pero pueden optar por presentar una autoliquidación si así lo establece la ley en su comunidad autónoma. En el momento de estos casos, en la Comunidad Autónoma de Madrid no era obligatoria la presentación de autoliquidación del ISD, por lo que los contribuyentes podían presentar una declaración tributaria.

Una vez presentada la declaración tributaria, la administración tenía un plazo de 6 meses para notificar la liquidación tributaria, de acuerdo con el artículo 129 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Este plazo comenzaba a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración o, en el caso de declaraciones extemporáneas, desde el día siguiente a la presentación de la declaración.

El Tribunal Supremo argumenta que la caducidad se produce de manera automática antes de que se declare oficialmente, independientemente de si esta declaración se lleva a cabo o no. Sin embargo, enfatiza que la declaración de caducidad no es simplemente una formalidad sin importancia, ya que, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley General Tributaria (LGT), una vez que se produce la caducidad, esta debe ser declarada, ya sea de oficio o a solicitud del interesado, y las actuaciones deben archivarse. Además, no hay impedimento para que la declaración de caducidad se realice en un acuerdo separado o en el mismo momento en que se inicia un nuevo procedimiento.

Las sentencias subrayan que la declaración expresa de caducidad es esencial para garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes, ya que les permite conocer el estado de los procedimientos administrativos y tener acceso a los informes y documentos que la Administración pueda utilizar en procedimientos posteriores, procedentes de un procedimiento anterior.

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