Sanción de 50.000 euros a una eléctrica por dar de alta a un usuario sin consentimiento

La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa de 50.000 euros a Suministrador Ibérico de Energía por llevar a cabo dos contrataciones con un usuario sin su conocimiento ni consentimiento. La Administración determinó que esto constituyó una violación del Reglamento General de Protección de Datos en cuanto a la legitimidad del tratamiento. La empresa realizó indebidamente dos contratos utilizando los datos de una persona con la que ya había suscrito un contrato consensuado.

El expediente revela que solo hay evidencia de consentimiento por parte del reclamante en la segunda contratación, mientras que no se ha acreditado ningún consentimiento en las otras dos contrataciones. A raíz de estas contrataciones fraudulentas, se realizaron cargos no autorizados en la cuenta bancaria del reclamante. La empresa argumentó que fue un error, atribuyendo la equivocación a la transferencia incorrecta de datos por parte de una tercera empresa subcontratada para la contratación de clientes.

Esta tercera empresa, designada como encargada del tratamiento, debía proporcionar la grabación completa de la conversación en la que el cliente daba su consentimiento para el tratamiento de sus datos. Sin embargo, en este caso, no se pudieron presentar dichas grabaciones antes de proceder al contrato. La empresa admitió en varias ocasiones que ambas contrataciones se activaron por error debido a la transmisión incorrecta de datos por parte de la prestadora de servicios.

La actuación de la compañía eléctrica vulneró el artículo 6 del Reglamento de Protección de Datos, ya que no se encontró ninguna causa que legitimara el tratamiento. La empresa no pudo demostrar que el tratamiento de los datos personales del reclamante estuviera respaldado por ninguna de las circunstancias legítimas establecidas en el artículo 6.1 del RGPD. Se destacó la falta de grabaciones íntegras de las contrataciones telefónicas que demostraran el consentimiento expreso del reclamante.

Como circunstancias agravantes, se señaló que la parte reclamada había sido sancionada previamente por la AEPD por hechos similares, y se destacó la clara conexión entre la actividad empresarial de la reclamada y el tratamiento de datos. Además de la multa, se otorgó a la empresa un plazo de tres meses a partir de la resolución para demostrar que ha implementado medidas adecuadas para prevenir situaciones similares en el futuro.

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