Modelo 720: Hacienda devuelve el dinero indebidamente cobrado pero se queda con los intereses de demora

Después de un largo proceso de litigios que se ha extendido durante casi siete años, y tras enfrentar múltiples rechazos en varias instancias dentro de los tribunales de asuntos económico-administrativos, la justicia finalmente falla a favor de los contribuyentes que previamente habían omitido o no habían comunicado a las autoridades fiscales su patrimonio en el extranjero, antes de la implementación de la legislación promulgada en 2012 con el propósito de regularizar activos en el extranjero.

Como resultado, se les reembolsa la totalidad de las cantidades que previamente se les habían cobrado indebidamente, si bien se retiene una parte sustancial de los intereses de demora generados por dichos fondos.

Sanciones desproporcionadas a las que el TJUE tuvo que poner freno

A pesar de que la normativa impulsada por el entonces Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue popularmente conocida como «amnistía fiscal», las sanciones estipuladas en caso de no cumplir con las declaraciones eran extraordinariamente elevadas, y el incumplimiento resultaba en la pérdida de prescripciones previamente adquiridas. Así, el 27 de enero de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo en el que determinó que numerosos contribuyentes habían sido injustamente gravados con sumas significativas debido a la presentación tardía de sus declaraciones utilizando el modelo 720. Este modelo había sido aprobado mediante una orden el 30 de enero de 2013 y se refería a bienes y derechos ubicados en el extranjero, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003.

El TJUE impone al Estado español la necesidad de modificar su legislación de acuerdo con el criterio europeo, argumentando que la normativa previa vulnera el principio de libre circulación de capitales en Europa. En este sentido, se sostiene que esta normativa disuade o restringe las posibilidades de invertir en otros Estados miembros de la Unión Europea y crea una disparidad en las obligaciones y sanciones aplicadas a los bienes en el extranjero en comparación con los activos ubicados en España, lo que se interpreta como un trato discriminatorio.

En concreto, el TJUE concluyó que España había incumplido sus obligaciones según los artículos 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 40 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. Esto se debió a que el incumplimiento o la presentación defectuosa o tardía de la información sobre bienes y derechos en el extranjero resultaba en la imposición de cargas fiscales no declaradas, consideradas como «ganancias patrimoniales no justificadas,» sin la posibilidad práctica de invocar la prescripción.

Además, España aplicaba sanciones por incumplimiento o presentación defectuosa o tardía de esta información, incluyendo una multa equivalente al 150% del impuesto calculado sobre el valor de estos bienes o derechos, la cual podía sumarse a multas de cuantía fija. El importe total de estas multas no guardaba proporción con las sanciones previstas para infracciones similares en un contexto puramente nacional y no tenía un límite establecido.

El abogado fiscalista, Alejandro del Campo, de DMS Consulting se ha visto inmerso en una larga batalla legal extendida a lo largo de varios años, y que ha culminado recientemente con dos fallos judiciales que han favorecido su causa. Estos fallos obligan a la Hacienda pública a reembolsar 300,000 euros en un caso y 350,000 euros en otro, a los cuales se suman intereses por un total de 80,000 y 85,000 euros, respectivamente.

El Consejo para la Defensa del Contribuyente, un organismo vinculado al Ministerio de Hacienda, ha emitido recientemente su opinión en relación a este tema, advirtiendo que las constantes modificaciones que se están produciendo con la nueva normativa de apelación desde 2021 están provocando inseguridad jurídica para el contribuyente. Por lo tanto, consideran fundamental que el Tribunal Supremo adopte una posición que esté en consonancia con el criterio que ha sido mantenido por el Tribunal Económico-Administrativo Central.

¿Que representa exactamente el modelo 720?

El modelo 720 constituye una declaración informativa que versa sobre los activos y derechos situados en el extranjero.

En conformidad con la legislación vigente, tiene una serie de propósitos fundamentales, que pueden ser resumidos de la siguiente manera:

  1. Informar a la Administración acerca de la existencia de bienes inmuebles y derechos ubicados en el extranjero.
  2. En relación con el punto anterior, notificar sobre la situación de cuentas mantenidas en instituciones financieras fuera del territorio nacional.
  3. Además, la declaración incluye información importante sobre seguros, ingresos, valores y derechos adquiridos en el extranjero.

La obligación de completar el Modelo 720 se fundamenta en la información requerida por el artículo 4.2 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. Debido a la persistencia en la omisión o falta de presentación de estos datos, se ha intensificado la labor de supervisión en toda la Unión Europea en relación a este modelo. Es importante destacar que, como señala la Agencia Tributaria, la sanción mínima por incumplir con una sola de las obligaciones de información asciende a 10,000 euros.

Por lo tanto, la declaración debe incluir detalles acerca de las cuentas en instituciones financieras en el extranjero, tanto si se es titular como beneficiario o autorizado. Además, es necesario declarar bienes inmuebles y derechos relacionados con los mismos fuera de España. La obligación se extiende a aquellos que posean participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva situadas fuera de España.

Un caso destacado es el de las personas que reciben rentas vitalicias o temporales de entidades extranjeras, así como los titulares de seguros de vida o invalidez emitidos por entidades en el extranjero. Como mencionamos anteriormente, la responsabilidad de presentar el Modelo 720 recae en titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, individuos o entidades con facultades de disposición o derechos reales para informar acerca de cuentas en entidades financieras en el extranjero.

Además, esta obligación se extiende a la declaración de valores, derechos, ingresos y seguros obtenidos fuera del territorio nacional, así como bienes inmuebles o derechos relacionados con propiedades ubicadas en el extranjero.

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