¿En qué supuestos las empresas pueden registrar las pertenencias de sus empleados?

En una reciente sentencia, 874/2024, de 5 de junio, el Tribunal Supremo ha reafirmado las condiciones bajo las cuales las empresas pueden inspeccionar las pertenencias de sus empleados, subrayando la necesidad de cumplir con ciertos requisitos para asegurar la legalidad de estos actos y la validez de las pruebas obtenidas. La sentencia, redactada por el Magistrado Juan Molins García-Atance, resalta la importancia de proteger la dignidad e intimidad de los trabajadores, conforme al artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores.

«Solo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible».

El caso en cuestión implicó a una empleada de un centro comercial, a quien se le realizó un registro de su bolso por un vigilante de seguridad después de que se activara la alarma antihurtos, encontrando artículos no pagados. La empresa decidió despedirla basándose en la prueba obtenida. No obstante, el Tribunal Supremo declaró que el registro fue ilegal debido a la ausencia de un representante legal del personal o, en su defecto, otro empleado, como lo exige la ley para garantizar la objetividad y eficacia de la prueba.

La sentencia enfatiza que el respeto a la dignidad e intimidad del trabajador es fundamental y que cualquier registro de pertenencias debe llevarse a cabo bajo condiciones que aseguren la legalidad del procedimiento. La falta de un representante legal o de otro empleado durante el registro invalida la prueba obtenida, lo que en este caso llevó a declarar el despido como improcedente. Además, dado que la trabajadora tenía una reducción de jornada por cuidado de un hijo menor, el despido fue considerado nulo automáticamente, obligando a la empresa a readmitirla y a abonar los salarios de tramitación.

Este fallo del Tribunal Supremo destaca la importancia de adherirse a las disposiciones legales para la protección de los derechos de los trabajadores, estableciendo un precedente claro sobre las limitaciones y requisitos para realizar registros de pertenencias en el ámbito laboral. La decisión refuerza la necesidad de que las empresas cumplan con las normativas vigentes para evitar la nulidad de las pruebas obtenidas y las consecuencias legales derivadas de prácticas improcedentes.

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