Empresaria es condenada a tres años y medio de prisión por estafa piramidal relacionada con préstamos

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictaminado que una empresaria es culpable de un delito continuado de estafa y la ha condenado a cumplir una pena de prisión de 3 años, 6 meses y 1 día, además de imponerle una multa que deberá pagar durante 9 meses, consistente en una cuota diaria de 25 euros.

Además, la sala la ha condenado, en calidad de responsable civil directa, a las empresas European Investment and Consulting Trust, SLU y Balearic Island Investment, en calidad de responsables civiles subsidiarias, a indemnizar a las víctimas con una suma que supera los 8 millones de euros.

El tribunal ha absuelto a la acusada de los cargos de falsificación de documentos, apropiación indebida, insolvencia punible y administración desleal presentados por las partes acusadoras. No obstante, ha decidido prohibir de manera definitiva a las empresas European Investment and Consulting Trust, SLU y Balearic Island Investment la realización de cualquier actividad, incluso si es legal, y se tomarán las medidas necesarias para anotar esta prohibición en el Registro Mercantil correspondiente.

El caso

El tribunal, en su fallo, ha determinado que la empresaria llevó a cabo dos tipos de operaciones fraudulentas desde 2009 hasta su arresto en 2012. El primero implicaba la captación de inversores privados que prestaban dinero a personas con problemas de liquidez, que se ponían en contacto con ella a través de anuncios en periódicos españoles, ingleses y alemanes. Estos préstamos generaban altos intereses para los inversores y estaban respaldados por hipotecas sobre propiedades de los prestatarios. La acusada recibía una comisión del 10% del monto total de la operación por intermediar en el contrato, además de retener parte del dinero como depósito ante un notario diferente.

El segundo tipo de operación era más común y consistía en atraer clientes ofreciéndoles beneficios en forma de intereses si invertían su dinero a través de la empresa de la acusada, sin informarles que no se realizarían inversiones ni operaciones financieras que respaldaran los altos intereses prometidos. Según la sentencia, estos clientes desconocían que sus pagos se realizaban con el dinero de nuevos clientes, creando así una estructura de estafa piramidal.

La Sala ha concluido que la acusada nunca tuvo la intención de pagar los intereses ni devolver el dinero, ya que las empresas carecían de actividad comercial real para generar los recursos necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos. Parte del dinero se utilizó para atraer nuevos inversores, mientras que otra parte se destinó a mantener el alto nivel de vida de la acusada.

En resumen, el tribunal ha determinado que la acusada sabía desde el principio que no cumpliría con lo acordado, ya que la falta de actividad empresarial real impedía a las empresas generar recursos propios para cumplir con los pagos, lo que dependía exclusivamente de la captación de nuevos inversores. El tribunal ha tenido en cuenta el número de víctimas, la duración continua de la conducta delictiva, y el perjuicio causado, que supera los 7 millones de euros, sin incluir la totalidad de los intereses ordinarios y de demora.

Es importante destacar que esta sentencia no es definitiva y cabe la posibilidad de apelación.

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