El TC requiere reforzar la motivación para una revocación de suspensión de pena

Además establece que se valore la capacidad económica del penado valorando las razones por las que el pago no se ha realizado

En la sentencia número 184/2023, emitida el 11 de diciembre, el Tribunal Constitucional ha invalidado una resolución que revocaba la suspensión de una pena de prisión debido a incumplimientos graves y reiterados en el pago de la responsabilidad civil, argumentando la falta de una motivación adecuada.

El Tribunal Constitucional se pronunció sobre la resolución de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, anulando el auto de esta sección fechado el 4 de octubre de 2022, el cual rechazaba el recurso de súplica presentado por el demandante contra la revocación de la suspensión de su pena de un año de prisión. La Audiencia consideró el incumplimiento de la obligación de pagar la responsabilidad civil como «grave y reiterado».

El demandante interpuso un recurso de amparo, alegando la violación de su derecho a la libertad y a la tutela judicial efectiva, basándose en la falta de una motivación adecuada en la decisión que revocó la suspensión de su pena. Argumentó que, a pesar de demostrar su falta de capacidad económica para pagar la responsabilidad civil, las resoluciones judiciales no tuvieron en cuenta esta situación, centrándose exclusivamente en el impago.

El fiscal respaldó el recurso de amparo, sosteniendo que las justificaciones proporcionadas por la Audiencia carecían de la suficiente fundamentación constitucional al no evaluar adecuadamente los derechos y circunstancias del condenado.

En su fallo, el Tribunal Constitucional reafirmó la necesidad de una motivación elevada en casos que afectan directamente a la libertad individual. En casos de suspensión de penas privativas de libertad, se destacó que no es suficiente una condena firme, siendo necesario un razonamiento que considere las circunstancias individuales del condenado.

El Tribunal señaló una doble vertiente en la exigencia de motivación reforzada, indicando que la referencia al carácter discrecional de la decisión judicial no constituye una justificación suficiente. Además, subrayó la necesidad de ponderar las circunstancias individuales del penado y los valores implicados en la decisión.

La sentencia recordó que las decisiones basadas en la falta de pago de la responsabilidad civil deben tener en cuenta la capacidad económica del individuo, no pudiendo condicionar la suspensión o revocación al pago cuando este resulta imposible.

El análisis detallado reveló que las resoluciones impugnadas no cumplían con los requisitos de motivación reforzada, ya que no consideraron el pago parcial realizado por el condenado ni tuvieron en cuenta los resultados negativos en la averiguación patrimonial ni las intenciones de pago.

El Tribunal Constitucional concluyó que el incumplimiento de pago, en el contexto de falta de recursos, no puede considerarse «grave y reiterado», y, como resultado, estimó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, vinculado al derecho fundamental a la libertad personal. En consecuencia, declaró la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad personal, anulando los autos impugnados y todas las actuaciones posteriores relacionadas con la ejecución de la pena privativa de libertad.

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