Como ya se intuía, la huelga de los LAJ ha sentado un precedente y la maltrecha justicia se verá nuevamente paralizada, cuando aún no se ha recuperado de miles de retrasos y suspensiones
Las Asociaciones de jueces y fiscales han publicado un comunicado expresando su intención de convocar una huelga indefinida de jueces a partir del 16 de mayo debido a la falta de dotación económica para la Justicia en los Presupuestos Generales del Estado. Varias asociaciones, como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, se han adherido a la huelga, mientras que la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales esperan una reunión con el Ministerio de Hacienda antes de tomar una decisión.
El comunicado destaca la sobrecarga de trabajo que enfrentan los tribunales y fiscalías, lo que afecta tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía. Según las asociaciones, los planes de refuerzo y la dedicación de los profesionales no son suficientes para remediar la elevada litigiosidad y sobrecarga.
A pesar de que las asociaciones han adoptado una postura responsable, se niegan a permitir que esta actitud sirva como excusa para la negligencia de los Ministerios de Justicia y Hacienda, quienes tienen la responsabilidad de garantizar un sistema judicial eficaz en el país. Las asociaciones también enfatizan la necesidad de una compensación adecuada para los jueces y fiscales para que puedan realizar su trabajo en condiciones adecuadas.
Una maltrecha justicia que ya acumula retrasos para 6 meses debido a la reciente huelga de LAJ
Nuestra justicia aún sufre las consecuencias de la reciente huelga de LAJ, que se prolongó durante 2 meses y que provocó la suspensión de más de 400.000 juicios y vistas.
A pesar de que la huelga es un derecho constitucional, cabe preguntarse si este precedente no llevará en el futuro a mayor inestabilidad y un peor funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales, en una situación ya maltrecha desde hace años. Unas consecuencias que sin duda acaba pagando como siempre el ciudadano.
