Banco Santander es condenado a indemnizar con 12.000 euros a dos personas incluidas en un fichero de morosos

La Audiencia Provincial de Bizkaia, en su sentencia número 602/2023 del 1 de septiembre, ha confirmado la condena al Banco Santander y a Intrum Holding Spain SAU a pagar una indemnización de 12.000 euros a dos individuos por incluirlos en registros de morosos a pesar de haber liquidado su deuda.

La entidad bancaria y la empresa de gestión de deudas cometieron una intromisión ilegítima en la reputación de los perjudicados. Inicialmente, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao había condenado al banco a compensar a cada uno de los afectados con 5.000 euros y a Intrum Holding con 1.000 euros, además de intereses.

Los afectados habían informado al banco de que la deuda estaba saldada, pero aún así recibieron amenazas de incluir sus datos en un fichero de morosidad

Los afectados habían avalado un préstamo hipotecario junto con otros individuos, y en 2012 liquidaron la deuda por completo mediante un pago específico. Sin embargo, en 2014, recibieron una notificación exigiendo el pago de una deuda pendiente, con la amenaza de incluir sus datos en ficheros de control de morosidad en caso de no pagar.

A pesar de que los perjudicados informaron al banco de que la deuda había sido saldada, continuaron recibiendo requerimientos de pago, y sus datos fueron registrados en ficheros de morosos después de la cancelación de la mencionada deuda.

El banco presentó una apelación alegando que la acción estaba caducada debido a que habían transcurrido más de cuatro años sin presentar la demanda, y que la indemnización excedía la valoración del daño moral reclamado.

En cuanto a la caducidad, se determinó que el plazo no comenzaba cuando el perjudicado tenía conocimiento de su inclusión en el fichero, sino que se iniciaba en la fecha de la cancelación de los datos, ya que la intromisión persiste hasta ese momento. Si el perjudicado no conocía la cancelación por causas ajenas a él, el plazo comenzaría cuando razonablemente pudiera haber tenido conocimiento de dicha cancelación.

La sala, tras revisar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las indemnizaciones en casos de intromisión ilegítima en el derecho al honor debido a la inclusión en registros de morosos, rechazó la apelación y consideró apropiada la indemnización otorgada, ya que el derecho al honor requiere una reparación adecuada y no meramente simbólica. Además, la Audiencia Provincial impuso al Banco Santander el pago de las costas legales.

Contra esta decisión, cabe presentar un recurso ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

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