En la entrada de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, se ha congregado un grupo de abogados, procuradores y otros operadores jurídicos catalanes con el fin de expresar su inquietud ante la anunciada ley de amnistía. Argumentan que, según los pactos políticos divulgados, esta legislación representaría una violación de los principios fundamentales de todo Estado de Derecho, como el principio de legalidad, la igualdad ante la ley y la separación de poderes.
En esta manifestación de carácter completamente jurídico, los profesionales catalanes han manifestado su especial preocupación por el concepto de «lawfare», incluido en el pacto entre el PSOE y Junts. Este término implica la existencia de una «guerra jurídica» o «persecución de los jueces» en España basada en la ideología de los ciudadanos. Consideran particularmente grave que los acuerdos de investidura siembren la sospecha generalizada de una actuación judicial prevaricadora mediante la apelación al «lawfare» y condicionen la aplicación de la ley penal a la supervisión parlamentaria a través de Comisiones de investigación. Este tipo de acuerdo, sin precedentes en la Unión Europea, según su perspectiva, amenazaría la separación de poderes al intentar someter las decisiones judiciales a la supervisión de la clase política.
«Lawfare» constituye una afrenta directa a la independencia judicial y a la separación de poderes
En su opinión, el concepto de «lawfare» constituye una afrenta directa a la independencia judicial y a la separación de poderes. Reconocen que su aceptación implicaría el control político de las decisiones judiciales, abriendo la puerta a la arbitrariedad y al abuso de poder. Ante los acuerdos de investidura entre el PSOE y los partidos Junts y ERC, advierten sobre el potencial deterioro institucional que podría resultar de la aprobación de una Ley de amnistía para aquellos involucrados en procedimientos judiciales relacionados con el procés.
En consecuencia, los participantes en la concentración han leído el manifiesto, difundido el pasado viernes y respaldado por más de 2000 abogados, procuradores y operadores jurídicos en toda Cataluña. En este documento, enfatizan que, como profesionales del ámbito jurídico que ejercen principalmente en Cataluña, rechazan de manera categórica las descalificaciones contenidas en los acuerdos de investidura hacia el poder judicial, considerándolo un ataque a su independencia. En este contexto, niegan la existencia de una persecución política desde el poder judicial contra el separatismo, subrayando que los procedimientos judiciales se centran en la investigación de delitos y no en juzgar la ideología de los autores de los hechos.
Además, expresan su rechazo conceptual a la concesión de amnistía a aquellos involucrados en hechos delictivos que amenazaron gravemente la convivencia entre los españoles, especialmente entre los catalanes. Argumentan que otorgar espacios de impunidad a personas por su ideología constituye un tratamiento privilegiado que va en contra del principio de igualdad entre los ciudadanos.
Finalmente, manifiestan su confianza en el sistema judicial español y subrayan que las discrepancias con las resoluciones judiciales deben articularse por los operadores jurídicos a través de los recursos judiciales pertinentes.